El 12 de febrero de 1974, el Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro presentó, durante un discurso en las Cortes españolas, un programa de apertura del Régimen franquista. Desde el primer momento se lo conoció como «el espíritu del 12 de febrero». Quienes tuvimos la oportunidad de vivirlo recordamos el fermento de excitación política que desencadenó (desde el mismo momento de su presentación, el pueblo de Madrid seguía la información en las televisiones de los bares; era un día frío y brumoso), aunque la rápida evolución de los acontecimientos (Francisco Franco estaba en los últimos años de su vida), la oposición de las fuerzas políticas extrasistema y la franca y pertinaz obstaculización de los sectores menos evolucionistas del régimen dieron al traste con la iniciativa.

No fueron ajenos al fracaso del intento aperturista la actitud de la Iglesia, especialmente refractaria al franquismo desde la llegada del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón a la Conferencia Episcopal y el subsiguiente arrumbamiento de Monseñor José Guerra Campos, así como los atentados de ETA, concretamente el de la Calle del Correo (Madrid), que dejó un saldo de 13 personas asesinadas y cerca de 100 heridas.

El programa de liberalización política no era muy avanzado, pero suponía un paso relevante (el primero que aparecía como tal) en la línea de apertura del régimen de Franco: conllevaba una reforma de las Cortes que incrementaba el peso de los cargos electos, implicaba la posibilidad de elegir directamente a los alcaldes, incorporaba una reforma sindical (que incluía el ejercicio del derecho de huelga) y un habilitaba un Estatuto de asociaciones políticas, vehículo inequívoco para la reaparición de los partidos políticos. Esa línea de apertura quedó ocluida y el Régimen pervivió tal cual estaba hasta el inicio de la Transición, que quedó inmortalizada en una frase nuclear: “De la Ley a la Ley”. Torcuato Fernández-Miranda, su artífice, dixit.