LA EFEMÉRIDE – 19 DE FEBRERO DE 1836

Hoy es 19 de febrero. Ese mismo día, en 1836, tuvo lugar un hecho que ha sido conocido desde entonces como la Desamortización de Mendizábal, por el nombre del primer ministro y ministro de Hacienda del gobierno de España bajo la Regente María Cristina de Borbón, Juan Álvarez Mendizábal (que se llamaba Juan Álvarez Méndez, pero cambió su segundo apellido por el de Mendizábal para enmascarar el sedicente origen judío de los Méndez. Llegó a falsificar su acta de nacimiento: su lugar de origen pasó de ser Chiclana de la Frontera a Bilbao. Y no es cierto que el origen del chistecillo sobre que “Los de Bilbao nacen donde quieren “ sea éste). El perfil del personaje importa poco, más allá de su adscripción a la masonería, lo que le permitió enriquecerse (más de lo que ya era por su origen familiar) por su proximidad al poder antes de llegar él mismo a lo más alto que le permitía su condición.

Lo que verdaderamente importa es el hecho. Llamar desamortización al latrocinio pone de relieve que lenguaje y política vienen indisolublemente unidos desde el principio de los tiempos, aunque haya sido en el Siglo XX cuando el estudio del fenómeno haya alcanzado su mayor extensión y profundidad. Llamaron desamortizar a quitar la propiedad de las tierras a las órdenes religiosas (y luego, a los municipios también: eran las llamadas tierras comunales) supuestamente para poner en valor y en situación de explotación propiedades que la Iglesia explotaba de otra manera, pero que al gobierno del estado, al partido detrás del gobierno y a los grandes propietarios detrás del partido Progresista, el izquierdista (¡cómo no!) de la época, les parecía conveniente. Para ellos, sin duda lo era. Los amigotes expropian y los amigotes se reparten el botín.

La idea era muy buena para sus intereses y se sintetiza así: el Estado roba los títulos de propiedad argumentando que están en poder de “manos muertas”, es decir el clero regular; los vende a nuevos propietarios (enriqueciéndose por el camino); cambia la sociedad de la época y se hace con activos que le permiten amortizar[1] la deuda viva y también endeudarse más, dando una nueva vuelta de tuerca a la dimensión de Leviatán.

El gobierno publicitó que lo hacía para explotar tierras hasta entonces improductivas, para crear una gran clase media agraria y para modernizar el país. Pero la realidad fue muy otra, más allá de la propaganda. Y como siempre que se quiere engañar a alguien, el diablo estaba en los detalles: las tierras robadas se agruparon en grandes lotes, con altos precios, y sólo quienes disponían de recursos suficientes pudieron acceder a su adquisición: la gran burguesía y la oligarquía agraria se enriquecieron enormemente sin tener que pagar precio político ni social alguno por ello.

Las consecuencias no se hicieron esperar: la Iglesia se empobreció de forma súbita y consecuentemente perdió influencia en el devenir social. Que excomulgara a vendedores y compradores no pareció importarles y de hecho, en la desamortización de Pascual  Madoz en 1855 (bienio Progresista: los progres siempre han sido así), estas medidas afectaron también al clero secular, así como a los comunes de los municipios. Los labradores y campesinos que trabajaban las tierras de la Iglesia y del común perdieron ese derecho y con ello, parte de su sustento, lo que los abocó a la miseria. Los campesinos con algunos recursos no pudieron acceder a los lotes de reparto subastados y hubieron de enfrentarse a los nuevos latifundios, en los que terminarían prestando su sola fuerza de trabajo.

Bien. Tal y como ocurriera antes de Mendizábal con Godoy (1798), con José Bonaparte en 1809, con José de Canga-Argüelles en 1813, con el Trienio Liberal en 1820, con Baldomero Espartero en 1841 y la ya mencionada con Pascual Madoz de 1855, por no hablar de las expropiaciones masivas de la II República, que como sabemos llegaron a las cajas de seguridad que los particulares poseían en los sótanos acorazados de los bancos, sigue ocurriendo: los gobiernos, en nombre del Estado, actúan de la misma manera en nuestros días: ¡todo sea por el pueblo!.

Tras la Segunda Guerra Mundial (de hecho antes, con los primeros vagidos del Estado de Bienestar a primeros del Siglo XX), el Estado (sus gobiernos, para ser más exactos) roba a las empresas y ciudadanos del común partes progresivamente crecientes de sus rentas y patrimonio en nombre de beneficios futuros poco y mal especificados. Los objetivos se cumplen escasamente y con distorsiones, pero el robo se materializa sin dilación ni cuidado. Y todavía afirman que les debemos estar agradecidos por ello. En su día, la excusa fue demoler los fundamentos del (que llamaron) Antiguo Régimen. Ahora se dice que todo se hace en bien de la igualdad, por la vía de la redistribución. Pero recuerde el lector la sabiduría popular, que se materializa en el aforismo inmortal: “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”.


[1] Ahí está la madre del cordero del término. El Estado amortiza deuda con la desamortización de bienes que previamente consideraba amortizados y en poder de las manos muertas”. ¿Lo pilla el lector?

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