La presión nacionalista que desde hace décadas socava los cimientos del Estado mediante la violencia o la subversión política es la parte más soez y evidente del Proceso. Más sutil, sin embargo, pero igualmente letal es la deconstrucción histórica que se hace en paralelo.

Nadie habla de ello, pero lo que en realidad nos jugamos en estas elecciones es la continuidad del proceso encubierto de cambio de régimen que amenaza con subvertir poco a poco el actual sistema constitucional, acabar con la monarquía, agrietar la unidad nacional que aquélla representa y cercenar nuestras libertades. Este Proceso, con mayúsculas, del que el procesillo catalán es sólo un capítulo, hilvana decisiones aparentemente deslavazadas: el rescate de una ETA moribunda y su blanqueo institucional, la totalitaria ley de Memoria Histórica que quiere imponer una “verdad” oficial sobre la historia de España de 1931 a 1978, la luz verde dada en su día al inconstitucional Estatuto catalán que alimentó la actual rebelión y el reciente desenterramiento de Franco son distintas cabezas de la misma hidra. Zapatero lo inició, Rajoy lo mantuvo por desidia y Sánchez lo acelera.

La presión nacionalista que desde hace décadas socava los cimientos del Estado mediante la violencia o la subversión política es la parte más soez y evidente del Proceso. Más sutil, sin embargo, pero igualmente letal es la deconstrucción histórica que se hace en paralelo. Veamos cómo funciona. El objetivo del Proceso es debilitar los cimientos de nuestra Constitución, que es hija de la Transición. Para desacreditar la Transición, el Proceso necesita demonizar el franquismo del que partió y del que procede nuestra democracia, “de la ley a la ley”, no lo olvidemos. Y para demonizar el franquismo el Proceso necesita imperativamente santificar a la Segunda República, contra la que se alzó Franco. De ahí que el primordial objetivo de la ley de Memoria Histórica sea describir la República como una democracia ejemplar, como un paradisíaco jardín del Edén a pesar de que, tras el pucherazo electoral de las izquierdas en 1936 y el brutal asesinato a cara descubierta del líder de la oposición por parte de la policía del régimen (hecho sin precedentes en la Historia parlamentaria europea), nada tenía de democracia y todo de una violentísima y anárquica “revolución comunista en marcha”, tal y como la describió Winston Churchill.

Como toda mentira, este burdo falseamiento de la historia necesita ser impuesto por la fuerza. Durante décadas la tiranía de lo políticamente correcto fue suficiente para hacer el trabajo sucio, pero se ha ido debilitando por el hartazgo historiográfico y político. Por ello, ahora se pretende imponer la “verdad” oficial por ley y de forma coercitiva llegando el tal Sánchez a proponer multas y cárcel para quienes no defiendan este Himalaya de falsedades (como lo denominó el socialista moderado Julián Besteiro), destruyendo la libertad de expresión, opinión y pensamiento reconocidas en nuestra Constitución. En su novela 1984, George Orwell dibujó un claustrofóbico régimen totalitario en el que un Ministerio de la Verdad se dedicaba a manipular o destruir los documentos históricos para conseguir que las evidencias del pasado coincidieran con la versión oficial de la historia, mientras un Ministerio de la Paz se esforzaba por mantener una contienda de forma indefinida. Esto es exactamente lo que pretende el Proceso.

Ante un pasado traumático (aunque no más que el de otros países), nuestra democracia se cimentó sobre el espíritu de reconciliación de la Transición. Los españoles de 1975 habían luchado en bandos enfrentados pero se habían perdonado y no hacían distinciones maniqueas entre buenos y malos. En definitiva, declararon que el enfrentamiento había prescrito y se negaron tanto a reivindicar la Segunda República como a ocultar la realidad de la dictadura. Contrariamente a lo que repiten los mentecatos, no se trató de olvidar, sino precisamente de no olvidar, para no repetir. Es cierto que en aquella época la hoy incomprensible carencia de libertades políticas, que sorprendentemente importaba relativamente poco a la ciudadanía (como atestiguó Julián Marías), había sido mitigada por el elevado grado de libertad personal del tardofranquismo, del que dieron fe observadores neutrales como el propio Marías o el Premio Nobel Alexander Solzhenitsyn. También es cierto que ayudó al éxito de la Transición la relativa popularidad de la dictadura, gracias a la práctica ausencia de corrupción y, sobre todo, a su innegable éxito económico: de 1950 a 1974 España vivió el mayor progreso económico de su historia, casi sin paro ni deuda pública y pagando la mitad de impuestos que hoy en día. Según el CIS, en 1985 (bajo mayoría absoluta del PSOE) el 70% de los españoles que respondieron a la encuesta creía que el régimen de Franco había sido o claramente “positivo para España” o una etapa “que había tenido cosas buenas y malas”, y tan tarde como 1995 (aún bajo el PSOE), el 30% de los españoles que respondieron pensaba que Franco había sido “uno de los mejores gobernantes que ha tenido España en este siglo”. Pero lo más trascendental de la Transición fue la prudencia compartida por todos. Por ejemplo, Felipe González, desde su inigualada mayoría absoluta de 202 escaños, afirmaba lo siguiente en 1985: “Yo no he tenido nunca afán vindicativo ni rencores. Hay gente que se ha propuesto hacer desaparecer los rastros de 40 años de historia de dictadura: a mí eso me parece inútil y estúpido. Siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo”. Y terminaba dando su opinión sobre el dictador: “Franco como personaje es muy difícil de juzgar, salvo el juicio negativo de que nos tuvo 40 años sometidos a una dictadura”.

Comparen esta prudencia, mostrada tan sólo diez años después de la muerte del dictador, con el rencor incendiario del Dr. Sánchez (menos inteligente y exitoso que González) casi medio siglo después. En este sentido, lo más relevante del reciente desenterramiento de Franco, realizado ante el disgusto del socialismo moderado y la ya habitual mirada boba de la (no) oposición del PP, tiene poco que ver con el finado, ni tampoco siquiera con la inmoralidad de Sánchez, un radical sin principios aficionado a esa necrofilia que exhibieron algunos milicianos en la Guerra Civil cuando profanaban tumbas católicas con enorme regocijo. Lo relevante del asunto es que se trata de otro golpe de ariete del Proceso para romper el sistema. Añade gravedad, por cierto, la obsequiosa sentencia del Tribunal Supremo, que sanciona la indefensión del ciudadano español, carente de derechos absolutos, frente a la voluntad arbitraria del poder político, y que directa o indirectamente legitima que un gobierno apruebe un decreto-ley ad hoc no extraordinario ni urgente (una evidente ley de caso único escondida bajo un burdo disfraz), cierre discrecionalmente un lugar de culto impidiendo el libre tránsito a sus legítimos custodios, desentierre a un muerto en contra de la voluntad de sus familiares, lo entierre donde éstos no quieren, y se les prohíba poner lo que quieran sobre su ataúd mientras se les trata como si fueran delincuentes. Que este matonismo y este atropello hayan sido bendecidos por el poder judicial con un nihil obstat es un hecho que clavetea un poco más el ataúd de nuestro Estado de Derecho. “Las leyes están para que el poderoso no lo pueda todo”, escribía Ovidio hace dos milenios. No así en España, donde no existe separación de poderes.

Banalizar o silenciar de forma timorata lo que está ocurriendo no es sólo un indicio de escasa libertad de opinión, sino un grave error de juicio. Claro que la España del 2019 tiene otros retos, otras preocupaciones. Claro que estamos hartos de seguir lastrados constantemente por el pasado. Pero ¿sobre qué cimientos construiremos el futuro si no desenmascaramos a quienes hozan complacidos en el fango de la confrontación? Separatismo y revanchismo son aliados para dinamitar, desde la mentira, la libertad, la concordia y la unidad de España. Desde el 2004, elección tras elección, ésta es la cuestión, y no otra.

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Ítem más: Francia reclamó el cadáver de Napoleón veinte años después de su muerte en el exilio para enterrarlo en París, donde aún sigue su mausoleo casi 200 años después. Así se cumplió su última voluntad, manifestada en su testamento: “Deseo que mis cenizas reposen al borde del Sena, en medio de ese pueblo francés al que tanto he amado”. Nadie piensa por ello que Francia eche de menos la dictadura o el imperio o justifique los millones de vidas que costaron las guerras napoleónicas en toda Europa, sino simplemente que respeta su historia.

En su testamento, Franco no dijo dónde quería enterrarse, pero dejó escrito lo siguiente: “Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento (…). No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España (…) y mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria”. Y Azaña, Presidente de la República durante la guerra civil, también dejó escrito: “Paz, piedad y perdón”. ¿Tan difícil es de entender?

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

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