ESTADO SOCIAL(ista):

El artículo 1 de nuestra Constitución señala que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, algo que a primera vista puede parecer redundante. Es claro que un Estado siempre debe ser social (no me imagino un Estado individual de una única persona…), pero ese pequeño pleonasmo creo que oculta una cierta vergüenza que tenemos en Occidente para enseguida catalogar todo como cercano a la sociedad. Nos encanta hablar de justicia social, de bienestar social, etc. como si la actividad individual resulte algo sospechoso de egoísmo.

Esta reflexión me venía a la cabeza en tiempos recientes, debido a la insistencia con que nuestro Presidente de Gobierno repite la socialidad del Estado; hasta caer en la cuenta de su verdadera intención: convertir España en un estado socialista.

¡Ése es su gran ‘proyecto de Estado’!

El camino hacia la socialización arrancaba con el Welfare State, que muchos de Uds. conocerán mejor que yo: una historia que comienza con los avances -no estoy en contra de su buena intención- de las pensiones, una pequeña Seguridad Social, etc. (les recomiendo que escuchen el interesantísimo documental Ni es justicia ni es social que produce Value School, dirigido por el profesor Huerta de Soto). El problema surge cuando el Estado empieza a ocupar y a desplazar servicios que durante siglos han funcionado muy bien gracias a la iniciativa privada de unas sociedades no-socialistas. Es menos conocido, aunque hay un enorme campo de investigación para fundamentarlo, el sorprendente papel de mecenas privados, corporaciones municipales o gremiales, órdenes religiosas y una gran variedad de protagonistas en los campos de la educación, la sanidad, el cuidado de huérfanos y ancianos, o la atención a peregrinos (hoy los llamamos refugiados y emigrantes).

Todo ello ha venido siendo atacado desde la Revolución Francesa, con políticas específicas según cada país: en España tenemos que hablar de ominosas desamortizaciones, injustos extrañamientos o -más recientemente- Conciertos educativos. El resultado es un papel cada vez mayor de la gestión pública sobre muchas cuestiones sociales que antes funcionaban con gran eficacia, ajuste de recursos en su economía y escasa corrupción.

La gran paradoja que no me canso de denunciar es la ampulosidad de nuestros gobernantes cuando hablan de sus conquistas sociales. Sobre todo, permitan que denuncie una Sanidad Pública ‘universal’ que se sostiene gracias a las cuotas a seguros privados que en España cotizamos millones de ciudadanos. Con todo mi respeto por tantos médicos y sanitarios de los diversos sistemas autonómicos de Salud (y ese es otro enorme problema), lo cierto es que nuestra maravillosa Sanidad Pública colapsaría de no existir tales aseguradoras.

Algo muy parecido podemos decir a propósito de una Escuela pública que cuesta mucho más dinero a los ciudadanos que el maltratado Concierto. La ironía es que todos pagamos con nuestros impuestos los servicios públicos, aunque no los utilicemos. Y más sangrante es la victoria dialéctica que han conseguido los partidarios del Estado Social(ista), al catalogar de ‘pública’ solamente a la gestión estatal o autonómica, siendo igualmente pública esa Educación -incluso la estrictamente privada- y Sanidad paralelas que -repito- ofrecen sus servicios a tantísimos ciudadanos. La Educación es una de las grandes derrotas en nuestra batalla por la libertad.

La lista de esa pandemia estatalizante es muy larga, y apenas podemos mencionar ahora el problema de las Pensiones (a ver qué político se atreve a poner en marcha un sistema de capitalización privada, única forma de atajar ese saco sin fondo de gasto público); o protestar por la necesidad de contratar alarmas y seguridad privada en nuestros países: ¿para qué sirven entonces el Ejército o la Policía?

En teoría económica se habla de los ‘Fallos del Mercado’ para justificar un intervencionismo cada vez más voraz. Pero lo que verdaderamente necesitamos es que se estudien los ‘Fallos del estado del bienestar’. Con toda razón nos indignábamos hace muy poco los españoles, en medio de las dificultades económicas por una muy mala gestión gubernamental de la pandemia y -últimamente- de la guerra de Putin, cuando varios políticos empezaron a hablar de ahorro, sobriedad o recorte de gastos… con ese enorme aparato de la burocracia política y ministerial: ¡ahí es donde tienen que hacer unos buenos recortes!

PS/ Casi terminando de escribir estas líneas he conocido la Presentación del libro de José Ramón Ferrandis, Crimen de Estado, el jueves 31 de marzo en el Centro Riojano de Madrid. Lo pueden leer en esta misma web del Centro Diego de Covarrubias; y ni que decir tiene que les animo muy vivamente a que asistan.

Leon Gómez Rivas es Doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense. Es profesor titular en la Universidad Europea de Madrid impartiendo las asignaturas de Historia y Pensamiento Económico. Es socio del Centro Covarrubias y ha escrito numerosos libros. Entre ellos está -Campeones de la Libertad- que editó el Centro como parte de su colección de Cristianismo y Economía de Mercado.