Esta semana escribe para el Centro, León Gómez Rivas. Encontraréis igualmente las efemérides de José Ramón Ferrandis, y por último, la guinda de Avizor, «Pensando en Voz Alta»

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El pasado 8 de noviembre este Centro Diego de Covarrubias entregó el IV Premio de Honor a Esperanza Aguirre por su valiente trayectoria en la defensa del liberalismo, como señalaba en su presentación Diego Sánchez de la Cruz. Primera mujer en ser elegida Presidente del Senado y de la Comunidad de Madrid, desde luego que tiene suficientes méritos para ese reconocimiento. En la página web del Centro pueden encontrar la grabación del Acto, que suele celebrarse alrededor de la fecha del 9 de noviembre, aniversario de la Caída del Muro de Berlín el año 1989. Justo antes de la pandemia recordamos los treinta años de ese acontecimiento, un recuerdo y memoria que nada tiene que ver con esa lamentable Ley de la Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre por el Gobierno de España. Y que complementa otra desafortunada iniciativa, la Ley de Memoria Histórica impulsada por el presidente Zapatero en 2007.

Conmemorar los antiguos hechos valerosos es muy humano, y tiene un recomendable componente de estímulo o ejemplaridad. Hay gentes que festejan sus derrotas… allá ellos. Lo peor es cuando las personas o partidos políticos se empeñan en tergiversar la Historia con esa herramienta orwelliana de la re-construcción del pasado: al final resulta un comportamiento cercano a la intolerancia y al fanatismo. Estás semanas atrás hemos podido leer y escuchar abundantes explicaciones sobre la incoherencia de identificar la historia con la memoria. Lo sintetizaba por ejemplo con su habitual brillantez Carlos Rodríguez Braun: “La llamada memoria histórica no es memoria, porque no busca recordar el pasado, y no es historia, porque no busca estudiarlo, sino utilizar las heridas del pasado para promover una agenda política en el presente. Ha sido rebautizada como memoria democrática, pero democracia significa que el pueblo elija, y es otro el objetivo de la izquierda”.

También escuchaba hace poco a Fernando Díaz Villanueva, en su podcast, insistir en esa diferencia entre los recuerdos personales, que mueren con sus protagonistas, y los hechos del pasado. Me servía para rescatar de la hemeroteca algunas reflexiones parecidas, como la de Manuel Lucena en Casa América (2016) afirmando que “la verdad existe, es la del historiador” al tiempo que -esto lo añadió el que suscribe- en España seguimos embrollados con una perversa Ley de la Memoria Histórica, otro legado funesto del presidente Zapatero (mantenida por el gobierno de Rajoy) que ha servido para desenterrar los demonios de nuestra Guerra Civil (y los huesos de sus víctimas) en forma de cambio de nombres de calles o eliminación de estatuas y placas conmemorativas. También por entonces escribía Ignacio Ruiz-Quintano en el diario ABC, comparándonos con la política histórica de otros países europeos, que “España tiene su propia ley de Memoria Histórica, en virtud de la cual por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas, sin más propósito que hacer que las nuevas generaciones interioricen que oponerse a la izquierda, en general, es delito, y resistirse al comunismo, en particular, un crimen de lesa humanidad”.

Muchos historiadores comparten estas opiniones (“Las leyes de memoria histórica son siempre nocivas, nefastas y destructivas en todos los casos”: Stanley Payne dixit). Hemos llegado a escuchar, fruto del sectarismo y la ignorancia, que “España -después de Camboya- es el país del mundo con más cadáveres enterrados en las cunetas”… Seguro que en la Unión Soviética de Lenin y Stalin o en la comunista China de Mao nos multiplican por cien (y por cien mil) en ese macabro récord.

Podríamos caer en la ingenuidad de considerarlo una tontería más de políticos ignorantes; pero conviene mantenerse alerta a esa perversión del juego dialéctico posmarxista que, abandonando la derrotada lucha de clases entre proletarios y burgueses, busca ahora nuevos elementos para el conflicto: hombres y mujeres, naturaleza y civilización, grupos raciales, etc. Me parece que Joaquín Leguina lo expresaba con acierto: “Aunque yo creo que el objetivo último de esta barbaridad es tener abierto el enfrentamiento entre españoles y, de paso, acabar con la Transición, que representó -antes que cualquier otra cosa- la reconciliación nacional que tanto el PCE de Carrillo como el PSOE de Indalecio Prieto venían reclamando desde los años cincuenta”.

Pienso que la obsesión por el franquismo de una parte de la sociedad española no es comparable con la de otros países europeos, con unas recientes posguerras igual o más crueles que la nuestra. Les animo a que busquen en Francia, Holanda o Alemania (también en los antiguos países del telón de acero) actitudes parecidas a esta fijación por culpar a los gobernantes anteriores.

Pero vamos a terminar con optimismo: semejantes disparates contra la Historia están despertando una orgullosa reivindicación de nuestro pasado. Hay un ejemplo muy reciente: el profesor argentino (y de ascendencia italiana) Marcelo Gullo con sus libros Madre patria (que recibimos en el Centro Covarrubias) y Nada por lo que pedir perdón. Presentando este último, en la página web de la Fundación Rafael del Pino encontrarán una interesante entrevista en la que conversaban sobre ese movimiento, citando los nombres de José Varela Ortega y Emilio Lamo de Espinosa. Permitan que añada los de Elvira Roca, Víctor Pérez Velasco, Pedro Corral, o la sugerente iniciativa Impulsa España (1785).

León M. Gómez Rivas
Doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense. Trabaja como Catedrático en la Universidad Europea de Madrid, impartiendo las asignaturas de Historia y Pensamiento Económico. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la segunda escolástica española.

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LA CARTA de Jose Ramón Ferrandis en su Blog:
La Carta de los martes del 22 de Noviembre de 2022. 

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«PENSANDO EL VOZ ALTA» DE AVIZOR: LA LEY DEL «SOLO SÍ ES SÍ» Y LA SALUD DEMOCRÁTICA

Una Ley redundante, ideológica, mal elaborada y con veintidós informes técnicos desfavorables, es refrendada por el Consejo de Ministros, cuyas decisiones se toman de forma colegiada y acaba siendo aprobada por 205 votos en el Congreso de los Diputados. La nueva Norma consagra una subjetivización del consentimiento sexual y elimina la distinción entre abuso y violación, equiparación de delitos que conlleva la paralela unificación de penas.

Al ser aplicada por los jueces, está nueva Ley ha supuesto la revisión de múltiples sentencias judiciales, lo que ha comportado una calificación a la baja de las penas aplicadas, derivada de una retroactividad favorable al condenado.

En un tema de tanta gravedad y trascendencia como es el de la libertad sexual, el legislador ha despreciado el debate político, jurídico y de opinión pública, adoptando un proceder radicalmente antidemocrático, eludiendo sus responsabilidades y acusando a los jueces de mala praxis derivada de sesgos ideológicos, llegando a exigir que los medios de comunicación silenciasen los hechos y calificando la crítica al Gobierno, como responsable de los indeseables efectos colaterales de esa Ley, de absolutamente intolerable y condenable. Esa despótica actuación del legislador, de principio a fin, es mucho más grave y dañina para nuestra democracia que los errores cometidos en la elaboración de esa malhadada Ley.

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