La deuda pública española se ha triplicado durante los tres últimos lustros. Las obligaciones del Tesoro han pasado del 40% al 120% del PIB y su peso por familia ya asciende a 90.000 euros. Por si no fuese suficiente, nuestro país sigue teniendo el mayor déficit presupuestario del mundo desarrollado y también presenta un agujero sin parangón en su sistema de pensiones.

Cuando estalló la Gran Recesión, entre 2007 y 2008, el entonces presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, insistió en aumentar el gasto para sostener la demanda y frenar la crisis. Así, los presupuestos de las Administraciones Públicas pasaron de los 385.000 registrados en 2006 a los 510.000 millones de 2012, primer ejercicio de gobierno de Mariano Rajoy.

Zapatero se vio obligado a tomar medidas ante la amenaza de quiebra, pero su reacción fue tan tardía (no hizo nada hasta mayo de 2010) como equivocada (centró sus decisiones de ajuste en subir impuestos como el IVA). De modo que la austeridad terminó siendo aplicada por la Administración Rajoy, que recortó el gasto total de las Administraciones de 510.000 a 468.000 millones durante el trienio 2012-2014.

Por supuesto, la izquierda afirmó que la apuesta por consolidar las cuentas públicas era incompatible con la recuperación. Sin embargo, superado el shock inicial, la economía empezó a levanta el vuelo, con una tasa media de crecimiento anual del 2,7% para el periodo 2014-2018 que permitió crear más de medio millón de puestos de trabajo en cada uno de estos ejercicios.

Por aquel entonces se habló mucho del supuesto dilema entre “austeridad” y “crecimiento”. Sin embargo, la experiencia española puso de manifiesto que es posible desarrollar una “austeridad expansiva” cuando se apuesta por consolidar las cuentas públicas con rapidez y con medidas de ajuste centradas en recortar gastos en vez de subir impuestos. En este último punto, Rajoy debió hacerlo mejor, puesto que las medidas de consolidación del gasto fueron acompañadas de las subidas de impuestos que entraron en vigor en 2012-2013 y solo se revirtieron parcialmente a partir de 2014-2015, con ciertas reducciones de la presión fiscal.

Han pasado los años, pero la sombra del colapso fiscal vuelve a amenazar a nuestro país. La Comisión Europea ha alertado de la necesidad de recuperar los objetivos de estabilidad presupuestaria y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha alertado del descontrol en el gasto. En 2023, el gobierno tiene previsto aumentar el gasto más de un 12%. Semejante estallido se explica solamente por las urgencias electorales de Pedro Sánchez, que enfrenta un delicado calendario electoral a tenor de las encuestas y de los resultados que han arrojado las elecciones autonómicas celebradas en 2021 y 2022 en Madrid y Andalucía.

Pero la austeridad llegará. Lo hará tarde o temprano, pero llegará. Porque no es posible seguir gastando dinero a espuertas, como si no hubiese un mañana, sin terminar pagando el precio. En este sentido, es fundamental que se normalice la política monetaria, puesto que el Banco Central Europeo ha comprado 300.000 millones de euros de deuda pública española en los últimos años y, de esta forma, ha contribuido a suavizar las presiones financieras que enfrenta nuestro Tesoro, aunque a cambio de sobrecalentar la economía y provocar una crisis inflacionista que no se habría dado en un contexto de estabilidad presupuestaria.

¿Cómo abordar la cuestión del ajuste presupuestario? Mis recomendaciones son las siguientes:

1. Explicar claramente la gravedad del problema.
2. Tomar medidas con rapidez, en los primeros compases de la nueva legislatura.
3. Evaluar las ineficiencias en el gasto, que suponen un sobrecoste de 60.000 millones.
4. Revisar las subvenciones, que suman más de 34.000 millones.
5. Cerrar el agujero de las pensiones, conteniendo su aumento y favoreciendo la entrada de más cotizantes.
6. Acompañar las medidas de ajuste con reformas económicas que aumenten la libertad y la competencia en los mercados.
7. Volcar todo el ajuste por el lado del gasto, evitando las subidas de impuestos.

Solo de esta forma podremos consolidar un paradigma generador de confianza netamente pensado para reducir la incertidumbre y ofrecer garantías a los operadores económicos. Las empresas y las familias saben que el agujero fiscal es muy hondo y solo ofreciendo un plan de salida podremos remontar el vuelo.

Diego Sánchez de la Cruz

Analista financiero y director del Foro Regulación inteligente.