EH Bildu, heredero político del proyecto totalitario de la organización terrorista ETA, acaba de protagonizar un acuerdo presupuestario con el Gobierno en el que ha obtenido el mantenimiento durante el año próximo del tope del 2% para la revisión de los alquileres respecto del IPC.

Una medida que se justifica ante una inflación desbocada y en un país en que el alquiler afecta, fundamentalmente, a la capa de población más perjudicada por ese descontrol de los precios.

El problema surge cuando, tratándose de una medida de protección social, se traslada al arrendador un coste que debiera ser institucional, lo que supone una clara dejación de funciones por parte del Estado.

Ante tan evidente desafuero, era de esperar que la derecha política se apresurase en proponer que la diferencia entre el IPC y el tope marcado, soportada por el arrendador, se viese compensada vía impuestos, para que de esa forma la medida fuera asumida, como corresponde, por el erario público.

Pues bien, hasta el momento no he tenido noticia de que esa pertinente propuesta se haya públicamente planteado, lo que me lleva a considerar lo desdibujado de la frontera entre el ámbito público y el privado, una ambigüedad que parece interiorizada por todo el espacio político. Esa azarosa zona de indefinición facilita la continua expansión de la carga impositiva, desbordando el ámbito de lo público para invadir el asediado y decreciente ámbito de lo privado, ya sea a través del omnipresente intervencionismo o de la inflación.

Avizor,

05 de diciembre de 2022