CRISTIANISMO Y ECONOMÍA: LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Los cristianos sabemos que el mal a menudo se disfraza de bien para cautivarnos. Como decía San Agustín, «el demonio no tiene el poder de forzar al hombre, sino sólo la astucia para engañarlo». También sabemos que «es mentiroso y padre de la mentira».

Lo vemos todos los días en nuestra sociedad. Los vicios se nos presentan como una ‘liberación’: ‘amor libre’, cuando se refieren a las pasiones desenfrenadas, que acaban esclavizando, sometiendo la razón a los instintos —«en el hombre, a diferencia de los animales, el instinto no tiene derecho a tener la última palabra», dijo san Juan Pablo II, precisamente—; ‘derecho a elegir’, cuando en realidad se trata de poder matar al hijo no nacido; ‘muerte digna’, cuando realmente hablamos de justificar el homicidio y de ver la enfermedad —y a los enfermos— como una carga.

Los cristianos entendemos esto perfectamente, o al menos deberíamos entenderlo. Lo que se nos vende como libertad, en realidad supone su destrucción: es la esclavitud del pecado, que se nos trata de ocultar tras una apariencia de bien.

Bien, pues no es distinto lo que acontece en relación con la economía. Toda persona bien nacida coincide en que el hambre y la pobreza son realidades que es preciso remediar cuanto antes. La cuestión es cómo. Y la tentación es abonarse a soluciones aparentemente fáciles e inmediatas, a menudo hábilmente presentadas por ignorantes o interesados.

Por ello encontramos con cierta frecuencia que la Iglesia apoya o se suma a propuestas intervencionistas desafortunadas como el incremento de impuestos, generalizados o dirigidos a ciertos colectivos, con las excusas más variadas. Otro ejemplo recurrente es implantar controles de precios cuando existen ‘tensiones’ —con frecuencia derivadas de la propia intervención pública— en algún bien de primera necesidad, como la vivienda o los alimentos, por poner ejemplos de reciente actualidad.

Sin embargo, la economía es un sistema complejo, como el clima o un ecosistema, y a menudo la intervención política deseando solucionar un problema desestabiliza diversos factores que no se habían previsto, empeorando al final la situación. Por ello explica Henry Hazlitt en su libro Economía en una lección, que «el arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas».

Es peligroso alterar el sistema económico buscando obtener unos efectos inmediatos determinados, pues fácilmente se pasan por alto los efectos remotos o indirectos. Así, como explicó también Mises, la intervención estatal para intentar mejorar una determinada situación inevitablemente lleva a más intervenciones para intentar reparar los efectos secundarios indeseados de la primera intervención, en un círculo vicioso.

Además, es también frecuente que la intervención vulnere los derechos de propiedad de los perjudicados por las medidas, por lo que estaríamos ante un caso de justificación de unos medios inmorales en virtud de un fin deseable, infringiendo la norma moral clásica pero a menudo olvidada de que el fin no justifica los medios.

Por ejemplo: el Gobierno español, en vista de que la elevada inflación —por cierto, causada por la intervención de los bancos centrales a raíz de crisis anteriores— encarecía los alquileres, decidió limitar arbitrariamente la actualización de rentas al 2% anual (cuando la inflación real era al menos el cuádruple). Esto, evidentemente, supone favorecer a los arrendatarios a cambio de perjudicar a los arrendadores. Los propietarios han intentado protegerse como han podido: terminando los arrendamientos vencidos y contratando otros con rentas actualizadas, e incluso, en vista de que no podrán actualizarlas anualmente, pactando de inicio una renta superior a la que habrían exigido normalmente.

¿Resultado? La medida que pretendía frenar los alquileres termina provocando que se encarezcan aún más.

Es lo que ocurre al actuar en base a las apariencias y sin comprender realmente lo que se hace. El gobernante prudente, por el contrario, antes de actuar estudiará en profundidad los problemas y qué soluciones han propuesto los sabios. En materia moral, valorará especialmente la enseñanza de la Iglesia, madre y maestra: qué dice y por qué lo dice. Y en materia económica, estudiará y tendrá en consideración las leyes económicas, y el hecho históricamente demostrado de que para que la sociedad en su conjunto progrese y se enriquezca, lo esencial es proporcionar seguridad jurídica a los agentes económicos, es decir, un entorno seguro en el que todos podamos trabajar tranquila y honestamente.

Gabriel Le Senne

Abogado. Licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE, aúna su labor profesional con actividades sociales como secretario de Sociedad Civil Balear. Es miembro y articulista del Centro Diego de Covarrubias, y autor del ensayo «Dios nos hizo libres».

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«PENSANDO EN VOZ ALTA» DE AVIZOR: LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA Y LOS IDENTITARISMOS 

A medio y largo plazo, el gran adversario de la monarquía parlamentaria española es la segmentación de la población motivada por los identitarismos regionales excluyentes y por una aguda crisis demográfica que conduce progresivamente a la erosión de la naturaleza de la Nación española, deterioro derivado de la dificultad de integración de aquellos identitarismos étnicos radicalmente alejados de la cultura hispanoamericana que nos define desde hace ya medio milenio.

Ese nítido desafío debiera ser afrontado por la monarquía española aplicando una firme estrategia para promover la unidad territorial, base de la convivencia en libertad e igualdad de todos los españoles, el de fomento de la natalidad, factor imprescindible para la supervivencia de esa idiosincrasia nacional y el defender la inadmisión de conductas contrarias al ejercicio de nuestros derechos y libertades.

Siendo la monarquía parlamentaria española el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, su capacidad de respuesta institucional ante los citados retos será clave para preservar nuestra forma política del Estado y su patrimonio socio cultural, garantes de la  continuidad de  los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político de los que hoy disfrutamos.

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