NO SE DEJEN ENGAÑAR: LAS EMBESTIDAS DEL GOBIERNO A LAS GRANDES EMPRESAS

No se dejen engañar. Las embestidas que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, realiza contra las grandes empresas –sean de comercialización y supermercados, banca, energía, tecnológicas o agropecuarias (recuerden la campaña contra las “macrogranjas”)– ni son sólo de una parte del Gobierno (“el ala comunista”), como pretende caracterizarse; ni son a pesar del presidente o para mantenerse en el poder, aunque ello pueda servirle; ni tampoco deben interpretarse en un marco preelectoral, que, si acaso, las modulan: según convenga se alientan o se enervan.

En varias ocasiones el propio presidente de Gobierno se ha tirado al ruedo para realizar o abanderar tales acometidas y su propia acción de gobierno, rechazando en todo momento y oportunidad la colaboración y acuerdos con el PP –salvo la que por fuerza o sentido de Estado le hayan proporcionado– y buscando la gobernanza únicamente con formaciones políticas no ya extremas sino incluso contrarias al orden constitucional y sostén, cuando no defensoras o parte, de la acción terrorista[1], indican que la ideología, el basamento y armazón que defiende este Gobierno al completo son contrarios a la libertad de decisión, a la libertad de mercado y, por tanto, a la libertad individual. Y lo que no es libertad suele ser imposición, mandato, coacción, y hasta tiranía. Es decir, el ámbito de la política[2].

Además, no se dejen engañar pues no se trata de “las grandes” empresas sino de las empresas en general, salvo que éstas se plieguen al dictado de las autoridades. Se trata del marco o sistema de mercado, más o menos libre, o cómo suele calificarse despectivamente del sistema capitalista, ignorando o contraviniendo el hecho de que capitalistas somos todos, en cuanto que propietarios –como mínimo– de nuestro capital humano, al que cuidamos, mejoramos y rentabilizamos de la mejor manera posible. Pero el objetivo es expropiarnos, en todos los sentidos, y que sean los políticos quienes decidan en nuestras vidas para así extraer ellos sus rentas, que no son sólo monetarias.

Tampoco es ignorancia de las consecuencias; es decir, de lo que suponen e imponen a las personas que constituimos esta sociedad tales propuestas ideológicas y organizativas. Y, lo que es peor, mucha gente compra ese discurso que mantiene una línea de análisis y pensamiento fácil, superficial, casi indiscutible y, en definitiva, cómodo; pero falso, dañino y peligroso. Salvo, como es evidente, para quien lo impone y ejecuta, ya que supone grandes beneficios y réditos al fijar sus propias preferencias como las preferencias del resto de las personas de la sociedad.

Así, la idea de que buena parte de la pérdida del poder adquisitivo de las personas se debe al aumento de los márgenes de venta o beneficios de empresas y empresarios, además de un análisis simplista, ignorante, desordenado y erróneo, incorpora ideas atávicas y decrépitas, junto con propuestas añejas y decadentes, en un discurso que se dice “progresista” y que sostienen no sólo esos políticos o autoridades sino instituciones como Oxfam o, en ocasiones, Cáritas. Quienes, además, compran el lenguaje perverso (metalenguaje) de toda esta gran patraña.

No se dejen engañar. Ellos son conscientes y saben que las consecuencias perversas de esas intervenciones, fijaciones, intromisiones y hasta expropiaciones de mercados, negocios, márgenes, precios –salarios incluidos–, rentas o alquileres, o de un sistema impositivo confiscatorio, justificarán y permitirán nuevas y más intervenciones, fijaciones, intromisiones y limitaciones de nuestra libertad. Es un principio ya advertido por Adam Smith.

No se dejen engañar. En España tenemos amplia experiencia del resultado cuando los políticos o las autoridades, tras señalar y escandalizarse por un problema grave como es el del empobrecimiento de las personas ocasionado por una inflación, por cierto causada únicamente por esas autoridades, nos hablan de encargarse de la solución: cadenas de supermercados públicos; banca pública; corporaciones o asociaciones cooperativas (siempre con un manejo o contenido político), etc. La experiencia es muy anterior, pero podemos remontarnos a la dictadura de Primo de Rivera, creadora de grandes corporaciones estatales; pasando por la intervención del franquismo, los mercados negros, el estraperlo y la corrupción de funcionarios, incluso para ascender en las listas de espera de un Seat 600; hasta llegar a nuestras recién rescatadas Cajas de Ahorro (usurpadas por políticos y organizaciones de tal índole), para anticipar en qué acabará el mercado (oferta y demanda) de muchos bienes y servicios en manos políticas o públicas, como se dice para hacerlo “más de todos”.

Esa larga tradición es raíz del escaso aprecio general de nuestros empresarios, no todos hay que decirlo, por la competencia y de la búsqueda de privilegios, excepcionalidades, monopolios y ayudas estatales (que, por cierto, pagan los contribuyentes). Si algo hay intervenido y manejado por los estados es el sector monetario y financiero; la banca. Pero también lo están, máxime ahora con pretextos ecológicos, la energía, parte de la industria o las telecomunicaciones. Y, desde luego, tampoco el sector de comercialización y distribución ha sido un gran dechado de competencia. Pero aquí, más que en los otros sectores mencionados, se ha mantenido un cierto aire de libre mercado y, precisamente, los dos empresarios más vilipendiados, dueños de Zara (entre otras) y Mercadona, han logrado su éxito mediante ingenio, mucho esfuerzo, ideas nuevas (sobre todo en los procesos implicados que repercutían en los costes), gran arrojo y riesgo asumido, y saber captar las preferencias, los gustos, de muchos de nosotros. Han innovado –y muy acertadamente– en cuestiones como cadenas de suministro, sistemas de almacenaje y provisión, pero también de diseño (por cierto, como Ikea), ajustes de márgenes y precios. Y nadie puede obligarnos a comprar, consumir o adquirir nada de estas o cualesquiera otras empresas, si no queremos. Lo que no acontece, ni acontecerá, si cualquier político organiza nuestras vidas al nivel y ritmo de lo que proponen el Gobierno o cualquiera de sus socios actuales.

Y es que disponer de nuevas colecciones de ropa o enseres cada cierto tiempo y con ciertos atractivos para todos y cada uno de sus posibles compradores, que tienen gustos muy dispares y cambiantes; o acceder a pocos metros de tu casa a todo tipo de alimentos, especialmente si son perecederos, en condiciones óptimas o aceptables (que induzcan su compra), cualquier día del año y en cualquier momento; o a productos y mercancías raros, muy variados o que vienen de lejos es algo caro, laborioso y muy complejo. Muchas de estas grandes empresas o explotaciones no se forran (por cierto, a diferencia de lo que está pasando con los gobiernos y su recaudación) y requieren de la venta de muchas unidades para ganar cuantías de ciertas dimensiones que, además remuneren riesgos, eventualidades y proyectos fallidos. Por tanto, el margen de beneficio por producto o unidad en casi toda la cadena suele ser bajo. Y se calcula que está entre el 1% y el 1,5% para las grandes distribuidoras, y entre el 3% y el 5% para los supermercados, contra los que recientemente arremetía nuestro Gobierno. Lo dicho, por cierto, vale también para las empresas (grandes o no) que nos ponen en casa cualquier fruslería que hayamos comprado en un sistema de redes de comunicación y aplicaciones generado, ideado, desarrollado, establecido, continuamente mejorado y operado por grandes empresas o corporaciones. Con las debidas precauciones, ¡cuánto nos facilitan la vida, a diferencia de nuestros gobernantes!

Si un problema tiene nuestra organización industrial o comercial y su estructura empresarial es, además de la limitada competencia, la escasa presencia de grandes compañías, de más de 250 trabajadores, que no sólo emplean a sus trabajadores directos sino que sostienen a otras muchas pequeñas y medianas empresas y muchos más empleos. El 99,9% de nuestras empresas son Pymes (emplean menos de 250 trabajadores); de las cuales el 96% tienen menos de 10 trabajadores y el 56% no tiene asalariados (importante número de autónomos). Las 5.255 grandes empresas que el Ministerio de Industria y Comercio constata en su página web (https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/paginas/estadisticas-y-publicaciones-sobre-pyme.aspx) emplean a 6.164.253 asalariados, sin incluir los empleos indirectos y las redes económicas y de negocio generadas con otras empresas, dando una ligera idea del desastre que sería para cualquier economía su eliminación. Y ello sin contar qué pasaría con las denominadas contribuciones sociales o la recaudación tributaria.

No se dejen engañar. Ni siquiera quieren acabar con tal sistema o estructura organizativa económica; sólo quieren hacerla suya. Del Estado; de los dirigentes; o, si acaso, de una oligarquía gobernante. Lo dicho; no es progresía, sino ideología decrépita, decadente, añeja y vetusta. No se deje engañar. Es tiranía. Pero… ¡ya sé! Precisamente usted, no se deja engañar.

POST SCRIPTUM:

La reciente decisión de Ferrovial, una de las mayores empresas –hasta ahora españolas– y con presencia mundial en los sectores de la construcción e infraestructuras (incluidos ferrocarriles, autopistas y aeropuertos) y de servicios (energía, movilidad y transporte y medioambiente), de trasladar su sede oficial de España a los Países Bajos ha reavivado no ya las críticas o los ataques sino los insultos y un discurso que raya lo violento por parte del Gobierno, desde su presidente a muy diversos ministros, contra las empresas, representadas en Ferrovial, y contra la persona del presidente de la compañía, como anteriormente ocurriese con Inditex; Mercadona y el sector de la distribución y comercialización; BBVA y otros bancos e instituciones financieras; eléctricas y energéticas; ganaderos y empresarios agrícolas; grupos de comunicación específicos; y otros sectores y mercados, tachándolos de antipatriotas, traidores y hasta evasores fiscales.

Se trata de un total despropósito, además basado en argumentos rancios, reaccionarios, contrarios a la libertad y, lejos del pretendido progresismo que de continuo se predica, autoritarios a más no poder.

Las personas, sean físicas o jurídicas (por cuanto las empresas también están constituidas por personas), tienen todo el derecho –fundamental– de buscar su vida, su felicidad, su progresión, evolución y desempeño de la mejor manera que, cada uno, considere posible y allí donde lo estime posible. De ahí que, en tanto se respeten las leyes, normas y costumbres de cada sitio, debe protegerse el derecho –natural– de libre circulación y establecimiento (de lo que se derivan las migraciones) de las personas; de todas ellas. Y Ferrovial tiene todo el derecho a establecerse donde juzgue oportuno para desarrollar lo que considere su función, actividad, empeño o negocio. Como todos nosotros.

¿Acaso le parecen al presidente de Gobierno, y al resto del Ejecutivo, traidores, antipatrióticos, desleales o evasores nuestros jóvenes formados en universidades españolas, pagados –en torno al 80% o más– con el dinero de todos los contribuyentes (también de aquellos que no harán o terminarán estudios universitarios o superiores), cuando salen a buscar empleo, oportunidades y futuro fuera de España, como hacen médicos, enfermeros o enfermeras, ingenieros de toda índole, artistas o egresados en Bellas Artes o Comunicación y Medios Audiovisuales, psicólogos o psicólogas, etc., porque no los encuentran en su país? Como profesor, desde luego, yo animo a mis estudiantes a completar su formación y abrir sus oportunidades de futuro también fuera de España y a no circunscribirse a las fronteras (sean cuales sean éstas). ¿Por qué no se aplica el mismo criterio cuando se trata de empresarios (también personas físicas) o de personas jurídicas (empresas)? ¿Qué mancilla, señala o estigmatiza a éstos, si no es una creencia ideológica tan absurda, embaucadora, retrógrada y falsa como que el empresario es un estafador o un delincuente casi de forma natural? ¿Acaso éstas no son conductas de la naturaleza humana, que nada tienen que ver con la ocupación de las personas? Tal vez el Gobierno haría mejor –en lugar de insultar– en plantearse qué sucede en la economía española, qué está mal en nuestro sistema económico, para que, más allá de los deseos, preferencias o iniciativas propias, las personas propendan a buscar oportunidades, futuro y su vida fuera de España; ¿qué los expulsa de aquí, donde suele estar su arraigo?

Por otra parte, no se puede apelar de continuo a la Unión Europea; a su construcción; ostentar el próximo turno de su presidencia (segundo semestre de 2023); aceptar y recibir multitud de fondos europeos, durante largo tiempo y, por cierto, pagados por muchos contribuyentes europeos; exhibir el libre movimiento de personas –físicas o jurídicas–, junto con el libre mercado y movimiento de capitales, y salir como una jauría por un cambio de sede corporativa desde España a Holanda. No es coherente, ni lógico; y tampoco se justifica por razones electorales o de dispersión de la atención sobre problemas graves como las consecuencias de la “ley del sí es sí”; la ocupación gubernamental de la justicia y otras instituciones; la despenalización y particularización de la malversación, así como de la sedición; el incumplimiento y evasión de los ERE andaluces (hubo otros); o los escándalos de corrupción más nuevos, como el del “Tito Berni” (llamado así, supongo, en términos cariñosos); por no hablar de muchas de las actuaciones y decisiones sobre y durante la Pandemia.

No se puede afirmar que Ferrovial se ha beneficiado de los españoles o de los contratos con las Administraciones Públicas, como si Ferrovial no hubiese entregado nada a cambio en esos contratos. Los negocios con el Estado no han sido a cambio de nada ni, se presupone, entregados a dedo o regalados, pues de lo contrario habría sospecha y causa de prevaricación o corrupción de funcionarios y malversación de fondos públicos; en cuyo caso el Estado, la Administración, el funcionario correspondiente o el político de turno, o quienes fuesen, estarían obteniendo un beneficio –un dinero o un favor– ilícito y presuntamente delictivo. Al contrario, se trata de contratos libres (nadie acude forzado u obligado) y mediante concursos públicos que han dejado para los ciudadanos de este país obras públicas y construcciones de todo tipo, infraestructuras energéticas y de movilidad, mantenimiento de servicios, gestión de instalaciones de diversa índole y de recursos medioambientales. Es decir, igual que sucede en otros muchos países y regiones fuera de España, Ferrovial, como cualquier empresa (no es algo excepcional), firma contratos y acuerdos donde ofrece bienes y servicios y cobra por ellos: como usted y como yo. Y como los que chillan, insultan y arremeten contra esas empresas. ¿O no?

Cuando el Gobierno o un parlamentario proclama que Ferrovial ha sido “favorecida” con contratos públicos por valor de 1.000 millones de euros en 2018 significa que esa empresa ha realizado obra, construcción o servicios (para los ciudadanos) por esa cuantía y en ese período. Y si el señor Del Pino, presidente de la compañía, mantiene su domicilio fiscal particular en España, igual que antes, seguirá tributando por sus ingresos o rentas y por su patrimonio igual que antes y no puede, por ello, señalársele, ni acusársele de evasor. Ferrovial seguirá con su negocio en España, realizando licitaciones y haciendo obras o promoviendo servicios, si le dejan, como hasta ahora. Y por ello cobrará y pagará sus impuestos, como hasta ahora. Y lo que corresponda a España, lo pagará en España. Como hasta ahora. Lo único que se ahorrará es que, además de los impuestos sobre beneficios, en España se cobra a las empresas multinacionales una tributación doble y especial (no es así en la UE) por los ingresos (no beneficios, que ya habrán tributado en cada lugar) obtenidos fuera de España. Y esto, sólo esto, en Holanda no se paga. Nada qué ver con la persona de su presidente, por cierto.

Volviendo al inicio de mis argumentos, los Estados, como instituciones, están para ofrecer marcos regulatorios o normativos claros, seguros, de calidad (eficientes), respetuosos con la libertad y que no se entrometan o intervengan –más allá de normas regulatorias generales y universales, para todos– en los acuerdos o contratos particulares, de modo que las personas –los agentes económicos– tomen sus decisiones, realicen sus acuerdos y cierren sus contratos de forma libre y sin engaño. Y esto, hoy, aunque se inició con Rodríguez Zapatero, este Gobierno no lo proporciona pues tiene en la cabeza, en sus principios ideológicos, la instauración de un sistema donde todos dependamos de la Administración y de las autoridades (por cierto, al tiempo que se nutren de nuestros tributos), como forma de ampliar al máximo su poder e influencia. De argumentos patrióticos, autárquicos, proteccionistas y autoritarios está sobrada, a lo largo de su historia, la sociedad española y su economía (el franquismo era hasta el momento lo más reciente) y, como siempre, están abocados al error, al fracaso y al desastre para todos nosotros si no somos capaces de remediarlo.

Fernando Méndez Ibisate
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en dicha Universidad.

**

«PENSANDO EN VOZ ALTA» DE AVIZOR: LOS BANCOS CENTRALES Y LA HETERODOXIA MONETARIA

Los bancos centrales son instituciones del Estado, independientes del poder ejecutivo, controlados por los poderes legislativo y judicial, siendo su objetivo intermedio el de ajustar la oferta monetaria con el fin de preservar el mecanismo de precios, base de la estabilidad monetaria y cambiaria de una economía. La aplicación por los bancos centrales, a partir de 2002, de una política monetaria hiperexpansiva, mantenida durante prácticamente dos decenios, será recordada como la extraña época en la que los bancos centrales abandonaron la ortodoxia monetaria.

Durante ese dilatado periodo, la globalización, la digitalización y la crisis de solvencia financiera actuaron como muros de contención ante una acumulación de liquidez que ha multiplicado por tres el valor de la economía real. En realidad, esa ingente masa de liquidez ocultaba una crisis internacional de solvencia que afecta a toda clase de activos, tanto financieros como reales, de la mayoría de países desarrollados. Finalmente, cuando esos muros se han desvanecido, ha hecho su trágica aparición en escena la inflación, inevitable secuela del descomunal exceso de liquidez acumulado y que ya está cabalgando a galope tendido, arrasando el ya precario poder adquisitivo de los consumidores y poniendo en grave riesgo la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

La respuesta actual de los bancos centrales a los zarpazos de la inflación está consistiendo en una exigua retirada de estímulos monetarios y en una insuficiente subida de los tipos de interés nominales que mantiene los tipos de interés reales, nominales descontados de inflación, en niveles escandalosamente negativos.

El desafío de los bancos centrales está en establecer la distribución progresiva de los cuantiosos daños que va a comportar el inevitable retorno a la ortodoxia monetaria, sin que llegue a producirse, alternativamente, su propia quiebra, la de los Estados más endeudados o la del sistema de pagos, lo que conduciría a un colapso económico de trágicas consecuencias.

Vista la experiencia, no cabe la menor duda de que los bancos centrales optarán por una cesión progresiva y parcial de su protagonismo, como rescatadores del sistema, a los correspondientes Estados, que se verán compelidos a una drástica reducción del gasto público y a imponer una asfixiante espiral de esfuerzo fiscal. El mantenimiento del inestable equilibrio entre una ortodoxia monetaria que doblegue a la inflación de los bienes de consumo e inversión y los cuidados paliativos para reducir el temido impacto a corto y medio plazo de esa ortodoxia en los respectivos mercados, será el eje de la política monetaria binaria que aplicarán los bancos centrales durante, como mínimo, un decenio.

Ese largo y penoso proceso de ineludible recuperación de la ortodoxia monetaria para impedir que se desate el caos económico internacional, demostrará que la heterodoxa hipertrofia del tamaño del Estado que ha soportado el sector privado de la economía durante lo que va de siglo, es incompatible con la ortodoxia monetaria y que el único camino para que pueda alumbrase un futuro escenario de crecimiento de la economía real, es la aplicación en todos los niveles del principio de subsidiariedad: “el Estado debe limitarse a asumir aquellas competencias que no puedan ser asumidas por el sector privado y en todo caso, garantizar y no proveer las prestaciones sociales estructurales”, principio constituyente de todo régimen democrático.

**

-Si te ha gustado nuestro Semanal, compártelo y haz que llegue aún más lejos-

El CDC se financia exclusivamente con las aportaciones de sus socios y colaboradores. Te pedimos nos ayudes para poder seguir difundiendo los ideales Liberales Cristianos tan necesarios en estos tiempos.
¡Pincha aquí, hazte socio o haz una donación, y accede a todas las ventajas! https://centrocovarrubias.org/cdc/colabora/