Los bancos centrales son instituciones del Estado, independientes del poder ejecutivo, controlados por los poderes legislativo y judicial, siendo su objetivo intermedio el de ajustar la oferta monetaria con el fin de preservar el mecanismo de precios, base de la estabilidad monetaria y cambiaria de una economía.

La aplicación por los bancos centrales, a partir de 2002, de una política monetaria hiperexpansiva, mantenida durante prácticamente dos decenios, será recordada como la extraña época en la que los bancos centrales abandonaron la ortodoxia monetaria.

Durante ese dilatado periodo, la globalización, la digitalización y la crisis de solvencia financiera actuaron como muros de contención ante una acumulación de liquidez que ha multiplicado por tres el valor de la economía real. En realidad, esa ingente masa de liquidez ocultaba una crisis internacional de solvencia que afecta a toda clase de activos, tanto financieros como reales, de la mayoría de países desarrollados. Finalmente, cuando esos muros se han desvanecido, ha hecho su trágica aparición en escena la inflación, inevitable secuela del descomunal exceso de liquidez acumulado y que ya está cabalgando a galope tendido, arrasando el ya precario poder adquisitivo de los consumidores y poniendo en grave riesgo la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

La respuesta actual de los bancos centrales a los zarpazos de la inflación está consistiendo en una exigua retirada de estímulos monetarios y en una insuficiente subida de los tipos de interés nominales que mantiene los tipos de interés reales, nominales descontados de inflación, en niveles escandalosamente negativos.

El desafío de los bancos centrales está en establecer la distribución progresiva de los cuantiosos daños que va a comportar el inevitable retorno a la ortodoxia monetaria, sin que llegue a producirse, alternativamente, su propia quiebra, la de los Estados más endeudados o la del sistema de pagos, lo que conduciría a un colapso económico de trágicas consecuencias.

Vista la experiencia, no cabe la menor duda de que los bancos centrales optarán por una cesión progresiva y parcial de su protagonismo, como rescatadores del sistema, a los correspondientes Estados, que se verán compelidos a una drástica reducción del gasto público y a imponer una asfixiante espiral de esfuerzo fiscal. El mantenimiento del inestable equilibrio entre una ortodoxia monetaria que doblegue a la inflación de los bienes de consumo e inversión y los cuidados paliativos para reducir el temido impacto a corto y medio plazo de esa ortodoxia en los respectivos mercados, será el eje de la política monetaria binaria que aplicarán los bancos centrales durante, como mínimo, un decenio.

Ese largo y penoso proceso de ineludible recuperación de la ortodoxia monetaria para impedir que se desate el caos económico internacional, demostrará que la heterodoxa hipertrofia del tamaño del Estado que ha soportado el sector privado de la economía durante lo que va de siglo, es incompatible con la ortodoxia monetaria y que el único camino para que pueda alumbrase un futuro escenario de crecimiento de la economía real, es la aplicación en todos los niveles del principio de subsidiariedad: “el Estado debe limitarse a asumir aquellas competencias que no puedan ser asumidas por el sector privado y en todo caso, garantizar y no proveer las prestaciones sociales estructurales”, principio constituyente de todo régimen democrático.

Avizor

marzo de 2023