LA MOROSIDAD DE SÁNCHEZ CON LOS INVERSORES ENERGÉTICOS COSTARÁ 2.000 MILLONES A TODOS LOS ESPAÑOLES

Hace tres lustros, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprobó un generoso régimen de incentivos con el que pretendía hacer de España una potencia mundial en el ámbito de la energía renovable.

La apuesta fue exitosa desde el punto de vista tecnológico, pero carecía de sensatez económica, de modo que el propio Zapatero se vio obligado a introducir medidas correctivas que luego fueron a más bajo gobierno de Mariano Rajoy. Las “primas” a la inversión en energía renovable pasaron a mejor vida, pero la modificación se hizo con un cambio letal para la seguridad jurídica, puesto que no solo se cancelaron las ventajas ofrecidas a los nuevos inversores, sino que también se adoptaron cambios regulatorios orientados a confiscar de forma retroactiva buena parte de los desembolsos que ya se habían materializado.

Fueron muchos los observadores que criticaron la excesiva generosidad de las primas, pero fueron más aún los que consideraron que esta forma de resolver el entuerto generaría un grave problema en términos de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. No sorprende, pues, que los inversores afectados presentasen decenas de denuncias contra el Reino de España, reclamando indemnizaciones por valor de miles de millones de dólares. Siendo como somos un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía, estos procedimientos de derecho mercantil internacional se están resolviendo en el órgano competente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial y canaliza alrededor del 80% de estos procesos a nivel mundial.

De momento, el CIADI ha emitido una veintena de laudos. El 90% han sido favorables a los intereses de los inversores y las deudas que se han reconocido ascienden a 1.250 millones de euros. Próximamente se espera la publicación de la treintena de resoluciones que siguen en el aire y, en base a la jurisprudencia y los fundamentos de derecho, todo apunta a que las obligaciones finales derivadas de estos procesos se situarán en el entorno de los 2.000 millones de euros. Entre las compañías afectadas figuran algunas de las corporaciones y fondos más importantes del ámbito de la energía: NextEra, Infrared, E.On, Antin…

Pedro Sánchez, culpable de tantos y tantos males que nos aquejan, no puede ser responsabilizado de las decisiones que llevaron a este entuerto. Por lo tanto, su gobierno simplemente debería cumplir con lo que estipulan los laudos, resarcir a los inversores afectados y, si acaso, echarle la culpa a sus antecesores. Sin embargo, el gobierno de PSOE y Podemos ha decidido echarse al monte y ha anunciado que no tiene previsto cumplir con estas obligaciones. Sánchez no reconoce las deudas, considera deslegitimado el Tratado de la Carta de la Energía y se niega a resarcir a los inversores. Esta circunstancia ha hecho que España pase a ocupar un triste segundo puesto en el Índice de Incumplimientos de Arbitrajes Internacionales que elabora la consultora NL y que nos sitúa a la par con Venezuela o Rusia. Un auténtico bochorno internacional.

Ante esta situación, las compañías que están sufriendo el impago de las indemnizaciones han optado por tomar medidas de protección y solicitar a la justicia de diversos países que confisque y embargue bienes del Reino de España que luego puedan ser liquidados para compensar la morosidad en la que estamos incurriendo como país. En Reino Unido se han embargado ya la indemnización por la catástrofe del barco Prestige (casi 1.000 millones de euros) y varios edificios institucionales valorados en 20 millones de euros (entre ellos, la sede del Instituto Cervantes). En Australia también se esperan medidas similares, puesto que la Corte Suprema ha dado “luz verde” a este tipo de reclamos, lo que abre la veda a la confiscación de una filial de Navantia. Pronto puede haber noticias similares en Estados Unidos, Holanda, Luxemburgo, Suecia y otros países en los que se están desarrollando procesos del mismo corte.

En vez de cumplir con sus obligaciones, Pedro Sánchez ha gastado ya más de 70 millones de euros contratando a algunos de los despachos de abogados más prestigiosos (y costosos) del panorama internacional. Dicha estrategia solo ha permitido retrasar y dilatar los tiempos, pero las obligaciones siguen en pie. De hecho, cada día que pasa se van encareciendo, porque las indemnizaciones están vinculadas al EURIBOR y, solo en el último año, han acumulado una subida de 50 millones de euros por motivo de los impagos. Mientras tanto, la última subasta para la instalación de potencia renovable en España ha quedado desierta, puesto que solo se ha cubierto el 1% del objetivo marcado por el gobierno. La situación, por tanto, es desastrosa.

La inseguridad jurídica que está provocando el gobierno de Pedro Sánchez nos empobrece a todos. Ante la comunidad internacional, nos estamos convirtiendo en un país poco fiable, que se jacta de impagar sus obligaciones mientras aplica una política económica abiertamente hostil con las empresas y los inversores. La salida de Ferrovial es sólo el canario en la mina de un problema más general que ha reducido las entradas de capital foráneo en decenas de miles de millones de euros, con el consecuente golpe a la actividad y el empleo. ¿Dónde está el PIB que teníamos en 2019 y que seguimos sin recuperar en 2023? Está en aquellos países que tratan de forma decente y responsable a las empresas y los ciudadanos. España no está en esa liga – por eso somos cada vez más pobres. Solo una agenda de reformas liberales comprometida con el imperio de la ley y la apertura económica puede sacarnos del atolladero… pero ¿habrá mandato electoral y voluntad política suficiente para hacer lo que hay que hacer? Veremos.

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ es analista económico, director de Foro Regulación Inteligente, investigador del Instituto de Estudios Económicos y miembro del CDC.

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«PENSANDO EN VOZ ALTA» DE AVIZOR: 
VIVIENDA: INTERVENCIÓN O MERCADO

La Constitución española de 1978 dice en su artículo 47: ”Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Es un artículo digno de ser enmarcado como ejemplo de una contradicción insalvable, ya que separa la vivienda del imprescindible suelo para que pueda ser construida, sometiendo el derecho a la vivienda a la intervención pública del mercado del suelo, con lo que ese proclamado derecho se convierte en un mero arbitrio dependiente del poder público correspondiente. La calificación pública del suelo se ha acabado convirtiendo en el principal obstáculo para que pueda desarrollarse un mercado inmobiliario digno de tal nombre, lo que ha desembocado en un auténtico drama para un creciente número de españoles para los que el acceso a ese derecho a una vivienda digna y adecuada es misión imposible.

Ese más que problemático acceso a una vivienda es un grave problema que afecta de manera especial a la población más joven de las ciudades españolas, en las que los precios de compra o alquiler de vivienda han alcanzado niveles estratosféricos inalcanzables para unos salarios de escaso y decreciente poder adquisitivo. Es tan necesario como urgente el que se desarrolle una oferta de venta y alquiler de inmuebles a precios proporcionales a los salarios netos mayoritarios, de forma que el coste de la vivienda no sobrepase el treinta por ciento del total de los ingresos netos de las personas que la habiten.

Un mercado, el de la vivienda, que no funciona como resultado de un intervencionismo sistémico, solo puede empeorar si se incrementa el intervencionismo en detrimento del libre mercado. La medida de limitar al 3% el ajuste de los alquileres ante una situación de emergencia por la alta inflación, tendría sentido si ese diferencial fuese compensado mediante la correspondiente reducción fiscal a los arrendadores, ya que se trata de evitar una previsible distorsión del mercado del alquiler perjudicial para ambas partes.

El hecho de que, a día de hoy, no se contemple esa compensación, indica muy claramente que se trata de una medida meramente intervencionista, que acabará provocando más daño al mercado del alquiler del que pretende evitar.

Muy al contrario de las medidas intervencionistas que el Gobierno pretende adoptar, el irrenunciable objetivo de normalizar el mercado de la vivienda pasa por su desintervención:

1. Liberalizar el mercado del suelo, implementando políticas urbanísticas que garanticen la plena disponibilidad de suelo urbanizable.
2. Reducir de forma drástica y generalizada toda la carga impositiva que soporta el mercado inmobiliario.
3. Reducir de manera significativa la carga impositiva que se aplica a los costes salariales, incrementando el poder adquisitivo de los salarios.
4. Potenciar el desarrollo de la industria y el comercio, radicados en España, de todos aquellos bienes implicados en la construcción.
5. Implementar las diferentes medidas orientadas a que todos los barrios dispongan de los servicios públicos y privados necesarios para la consecución de una aceptable calidad de vida, incluyendo la seguridad ciudadana.
6. Respetar el derecho de propiedad, desactivando la “okupación”.
7. Promover el desarrollo de fondos de inversión y gestión inmobiliaria de venta o alquiler.
8. Desarrollar programas de financiación de largo plazo para la rehabilitación de viviendas.
9. Segmentar el mercado de alquiler entre residencial y turístico, tanto en inmuebles como en condiciones.
10. Incentivar la instalación del pequeño comercio en los nuevos conjuntos residenciales.

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