VIVIENDA: INTERVENCIÓN O MERCADO

La Constitución española de 1978 dice en su artículo 47: ”Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Es un artículo digno de ser enmarcado como ejemplo de una contradicción insalvable, ya que separa la vivienda del imprescindible suelo para que pueda ser construida, sometiendo el derecho a la vivienda a la intervención pública del mercado del suelo, con lo que ese proclamado derecho se convierte en un mero arbitrio dependiente del poder público correspondiente. La calificación pública del suelo se ha acabado convirtiendo en el principal obstáculo para que pueda desarrollarse un mercado inmobiliario digno de tal nombre, lo que ha desembocado en un auténtico drama para un creciente número de españoles para los que el acceso a ese derecho a una vivienda digna y adecuada es misión imposible.

Ese más que problemático acceso a una vivienda es un grave problema que afecta de manera especial a la población más joven de las ciudades españolas, en las que los precios de compra o alquiler de vivienda han alcanzado niveles estratosféricos inalcanzables para unos salarios de escaso y decreciente poder adquisitivo. Es tan necesario como urgente el que se desarrolle una oferta de venta y alquiler de inmuebles a precios proporcionales a los salarios netos mayoritarios, de forma que el coste de la vivienda no sobrepase el treinta por ciento del total de los ingresos netos de las personas que la habiten.

Un mercado, el de la vivienda, que no funciona como resultado de un intervencionismo sistémico, solo puede empeorar si se incrementa el intervencionismo en detrimento del libre mercado. La medida de limitar al 3% el ajuste de los alquileres ante una situación de emergencia por la alta inflación, tendría sentido si ese diferencial fuese compensado mediante la correspondiente reducción fiscal a los arrendadores, ya que se trata de evitar una previsible distorsión del mercado del alquiler perjudicial para ambas partes.

El hecho de que, a día de hoy, no se contemple esa compensación, indica muy claramente que se trata de una medida meramente intervencionista, que acabará provocando más daño al mercado del alquiler del que pretende evitar.

Muy al contrario de las medidas intervencionistas que el Gobierno pretende adoptar, el irrenunciable objetivo de normalizar el mercado de la vivienda pasa por su desintervención:

1. Liberalizar el mercado del suelo, implementando políticas urbanísticas que garanticen la plena disponibilidad de suelo urbanizable.
2. Reducir de forma drástica y generalizada toda la carga impositiva que soporta el mercado inmobiliario.
3. Reducir de manera significativa la carga impositiva que se aplica a los costes salariales, incrementando el poder adquisitivo de los salarios.
4. Potenciar el desarrollo de la industria y el comercio, radicados en España, de todos aquellos bienes implicados en la construcción.
5. Implementar las diferentes medidas orientadas a que todos los barrios dispongan de los servicios públicos y privados necesarios para la consecución de una aceptable calidad de vida, incluyendo la seguridad ciudadana.
6. Respetar el derecho de propiedad, desactivando la “okupación”.
7. Promover el desarrollo de fondos de inversión y gestión inmobiliaria de venta o alquiler.
8. Desarrollar programas de financiación de largo plazo para la rehabilitación de viviendas.
9. Segmentar el mercado de alquiler entre residencial y turístico, tanto en inmuebles como en condiciones.
10. Incentivar la instalación del pequeño comercio en los nuevos conjuntos residenciales.

Avizor

abril 2023