CUANDO RAJOY DESCUBRIÓ (TARDE) A LAFFER

Subir impuestos no implica recaudar más. De hecho, un aumento pronunciado de la presión fiscal puede tener el efecto de reducir los ingresos tributarios, al provocar un descenso de la actividad y la producción económica.

Pocos autores han explicado esta cuestión con tanto acierto como Arthur Laffer, autor de la famosa Curva de Laffer, en la que se pone de manifiesto el rendimiento decreciente que se deriva de los incrementos descontrolados de la tributación.

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980, el tipo marginal que pagaban las rentas altas en el IRPF estadounidense alcanzó, en promedio, el 80%. En cambio, desde la Era Reagan hasta nuestros días, el tramo superior se ha situado, en promedio, ligeramente por debajo del 40%. ¿Significa eso que la recaudación se ha desplomado? En absoluto. De hecho, descontando la inflación, el monto recaudado de entre el 1% que más gana se ha triplicado (de 200.000 a 600.000 millones de dólares).

¿Qué ha ocurrido en España? En 2012, un total de 65.000 españoles declararon ingresos de más de 150.000 euros. Esta cifra generó cerca de 6.110 millones para el fisco, en un contexto en el que el tramo superior del IRPF rondaba el 50%, con ciertas variaciones al alza o a la baja dependiendo de las tarifas autonómicas del gravamen. En cambio, en el año 2018, con el tipo de referencia situado cerca del 45%, el total de liquidaciones subió a 112.000, mientras que el pago al fisco de estos contribuyentes se situó en torno a los 9.950 millones.

Los datos son claros: con impuestos más bajos, el número de declarantes aumentó y las arcas públicas salieron beneficiadas con una mayor recaudación. De hecho, en el ejercicio 2018, el PIB aumentó casi un 2,5% y se crearon más de 550.000 empleos. Estas cifras contrastan con los datos de 2012, cuando el PIB se redujo un 3% y se perdieron 850.000 empleos.

En ambos casos, la fiscalidad aplicada en España estaba diseñada por el Partido Popular, que había concurrido a las elecciones generales de 2011 prometiendo bajadas de impuestos pero cambió de criterio al llegar al poder y descubrir un profundo agujero presupuestario heredado del PSOE. De 2012 a 2014, Mariano Rajoy redujo el gasto público de 510.000 a 470.000 millones, pero también adoptó subidas fiscales como las que dispararon el IRPF por encima del 50%. Los resultados no fueron buenos.

Entre 2014 y 2018, en cambio, Rajoy movió ficha y cambió de estrategia. Dejó en pie el grueso de los ajustes del gasto, hasta el punto de que los desembolsos totales de las Administraciones eran menores en 2018 que en 2012. Y, por el flanco fiscal, aprobó distintas rebajas en el IRPF, el Impuesto de Sociedades y otros gravámenes.

Las cifras hablan solas. Desde que Rajoy dio este giro de 180 grados en el primer trimestre de 2014, hasta que el PSOE retomó el poder, a mediados de 2018, el número de ocupados subió de 17,4 a 19,3 millones de personas. La economía volvía a crecer, se generaba empleo y los ingresos tributarios crecían, no solo en términos generales, sino también entre las rentas más altas, como vimos en párrafos anteriores.

Por cierto, este fenómeno también se observa en las cifras de recaudación del Impuesto de Sociedades. Este gravamen generó 18.600 millones en 2014, pero aportó 24.838 millones en 2018. Pues bien, el tipo general del tributo se redujo del 30% al 25% durante este periodo. Por lo tanto, tras un recorte del 17% en el gravamen aplicado a los beneficios empresariales, los ingresos obtenidos subieron un 33%.

Lamentablemente, la política fiscal seguida bajo gobierno de Rajoy no se puede analizar solamente comparando 2014 con 2018, sino que también debe tomar en cuenta el periodo 2012-2014, en el que las subidas tributarias influyeron negativamente en la capacidad de crecimiento de la economía y, como resultado de ello, arrojaron cifras de recaudación muy inferiores a las que se dieron posteriormente con impuestos más bajos.

Estas lecciones son importantes de cara al mandato presidencial de la próxima legislatura. En el periodo 2024-2028, si se diese un hipotético gobierno de centro-derecha en virtud de un pacto PP-Vox, es fundamental (1) evitar las subidas de impuestos, (2) simplificar la normativa tributaria para hacerla radicalmente más sencilla y (3) aprobar rebajas fiscales que alivien la carga soportada por los contribuyentes.

Diego Sánchez de la Cruz
Director de Foro Regulación Inteligente, Investigador Asociado del Instituto de Estudios Económicos y Miembro del Centro Diego de Covarrubias.

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PENSANDO EN VOZ ALTA DE AVIZOR; ¡QUE NO GOBIERNE TXAPOTE!

ETA (Euskadi Ta Askatasuna) nace en 1958 de una escisión de las Juventudes del Partido Nacionalista Vasco, con el fin de implantar en el País Vasco un proyecto político nacionalista totalitario, cuyo objetivo final era la independencia del País Vasco, en el que se impondría un régimen socialista revolucionario.

ETA está integrada por un Aparato político y por un Aparato armado, ejecutor de la acción terrorista, éste último sin actividad desde 2011.

ETA cometió 854 asesinatos a lo largo de su historial delictivo, comprendido entre 1968 y 2010, financiándose mediante la extorsión y el secuestro.

ETA nunca fue una banda y nunca aprendió de Gramsci, manteniéndose siempre en el infierno ideológico del terror totalitario, utilizando toda clase de violencia como su único argumento político.

ETA ha sido y hoy lo continúa siendo su Aparato político, el mayor enemigo de las libertades democráticas en España, por lo que sus víctimas deben ser consideradas como héroes de la democracia española y sus asesinos deben ser privados de ejercer cualquier actividad pública o privada que comporte el prevalecimiento de su actuación criminal. El Aparato político de ETA, bajo distintas siglas, fue ilegalizado en 2003 y 2010 por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, pero fue legalizado por el Tribunal Constitucional en 2012.

EH BILDU, la denominación actual del Aparato político de ETA, incluye en sus listas electorales, para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28M, a un total de 44 condenados por terrorismo y entre ellos a 7 por delitos de sangre, maniobra con la que pretende la legitimación de la violencia como instrumento político, lo que constituye una insoportable afrenta a las víctimas de su actividad criminal, a la democracia española y a su Estado de Derecho.

Si el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo no impiden ese ultraje a la Nación, en un futuro no muy lejano podría ocurrir que en un factible País Vasco – Navarro, gobernado por el Aparato político de ETA, cuando llamen a la puerta de madrugada, no sea el repartidor, sea la brigada policial del Gobierno etarra que viene a detener a un ciudadano demócrata.

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