EL SEMANAL DEL COVARRUBIAS – 23 DE MAYO DE 2023 – FERNANDO MÉNDEZ IBISATE : ALGO NO TERMINA DE CUADRAR

 

Consciente de que estamos inmersos en un contexto electoral continuo, y descontando –por tanto– tal hecho que ha influido toda la legislatura, muchas cifras o estadísticas económicas de algunos organismos oficiales, mayormente capturados por el Gobierno para empeoramiento de la calidad democrática y de la libertad, no terminan de cuadrarme. Ciertamente, nuestra economía crece y, comparativamente al resto de nuestros socios comunitarios, no lo hace mal pues mantiene una tasa interanual del 3,8% en el primer trimestre del año frente al 2,9% del trimestre anterior, último de 2022. Igualmente, la inflación se ha reducido en tasa interanual al 3,3% en marzo, empeorando en abril al 4,1%. Y el empleo parece mantener una fortaleza notable, con un aumento del empleo en los últimos 12 meses, según la EPA del primer trimestre de 2023, de 368.000 personas (312.300 en el sector privado y 55.700 en el público). Sin embargo, repito, algo no me cuadra en todas estas cifras, sin entrar en su “venta” sea para engrandecer la labor del Gobierno, sea para denigrarla. Y vaya por delante que en todos esos números la auténtica y gran labor es la de los ciudadanos, incluso con el problema de la inflación, algo creado únicamente por las autoridades públicas pero que afrontan los agentes económicos.

Respecto de este último indicador ya se ha señalado con reiteración, y es conocido y descontado, todo lo relativo a la inflación subyacente, que manifiesta gran parte de las contradicciones en esta materia; lo relacionado con el “efecto escalón” en las estadísticas; así como la omisión de una lectura e interpretación de los datos en términos acumulados (la inflación anual en abril es del 4,1% pero después de que los precios hayan subido ya a tasas muy elevadas, incluso del 10% o más, durante muchos meses); o los cambios metodológicos aplicados en 2021 y 2023, con cambios en la base que no se han proyectado hacia atrás en la serie y que han afectado al cálculo y ponderaciones, distorsionando mucho, aunque no tanto como los “fijos discontinuos” en el mercado laboral, la interpretación y significado de las cifras. Así, extraña –y mucho– que uno de los factores o rúbricas que contribuyó al descenso de la tasa anual del IPC de marzo (pasó del 6% interanual en febrero al 3,3% en marzo) fuese la caída de 1,631 puntos en el grupo “Vivienda”, con una disminución del 16,2%, justificada por “la bajada de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción, frente al aumento registrado en marzo del año pasado”.

¿Acaso no incluye este apartado los alquileres de vivienda que, debido a las restricciones de todo tipo impuestas por una legislación o normativa nociva, sectaria y colmada de una ideología trasnochada y autoritaria, se han disparado en el último año una barbaridad?[1] Igual ha ocurrido, en un movimiento complementario y de arrastre, con los precios de compraventa de viviendas, si bien en este caso se mantiene la desacertada idea de no incluir esta rúbrica en el cálculo del IPC.

Sé que la inflación (no digo el IPC, que reproduce el mismo problema de sesgo) no calcula ni muestra exclusivamente el hecho de que productos aislados, que antaño fuesen comunes o baratos, hoy se hayan convertido en bienes caros y con gran impacto en nuestro bolsillo; pero, ¿realmente con los problemas que, debido al alquiler, hoy tiene cualquier persona para independizarse, trasladarse de lugar de vida o de trabajo, esto no tiene ningún reflejo en el cálculo y elaboración del IPC y su tasa de variación, e incluso contribuye a su atenuación?

Del PIB sólo diré que los datos de Contabilidad Nacional del primer trimestre de este año indican que la fortaleza aparece en la demanda externa y la exportación de bienes y servicios, más que en la demanda interna y el consumo final o la inversión nacionales; mostrando que la recuperación de los niveles de PIB y de crecimiento en los países de nuestro entorno y socios comerciales, que han alcanzado valores previos a la Pandemia hace ya año y medio –cuando la economía española está en ello–, ha supuesto, junto con las facilidades y relajamiento de las reglas del euro y los fondos provenientes de la UE, un factor de arrastre que no siempre estarán ahí[2]. Y varios son los economistas que advierten de las consecuencias de freno, si no de recesión, para Estados Unidos, Reino Unido y la UE, debido a las subidas de tipos de interés en esas economías; lo que tal vez explique la tendencia de sus bancos centrales a moderar dichos aumentos (25 puntos básicos, respectivamente, en su último movimiento).

Finalmente, las cifras de empleo y ocupación son de las estadísticas que más se ha distorsionado para su lectura e interpretación y que más contradicciones presentan respecto de la versión eufórica que confiere el Gobierno. Cabe comentar las diferencias entre los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2023 y las últimas cifras del paro registrado, según SEPE: si a los 2.788.370 parados que registra el SEPE en el pasado abril le sumamos las personas que figuran entre “Otros no ocupados” (212.500) y “Con disposición limitada o demanda de empleo específico” (313.051), pero que no se contabilizan como parados o desempleados (en total 525.551), el total de desempleados o no ocupados es de 3.313.921 personas, más próximo a los 3.127.800 parados que refleja la EPA mencionada.

Como es lógico, el Gobierno ha tratado de contrarrestar con las cifras de paro registrado en abril, y su interpretación, los resultados más que precarios o pobres que arroja la última EPA que, no obstante y ya les adelanto, será mucho mejor en el segundo (se publicará el próximo 27 de julio) y tercer trimestres de este año. Así, exhibe fortalezas en el número de contrataciones, afiliación a la Seguridad Social y total de parados y ocupados, que bien tilda de cifras excepcionales o muy buenas y de históricas respecto de la serie, con guarismos tan buenos o mejores que los de 2008, históricamente los mejores hasta ahora. E incide en aspectos como que “El desempleo baja en 38.756 mujeres (-2,26%) y se sitúa en 1.679.567, marcando un mínimo desde 2008”, dando a entender que el desempleo entre las mujeres se encuentra en su mejor momento.

Vaya por delante que las cifras no son comparables entre ambas estadísticas (EPA y SEPE), pues recogen hechos diferentes; pero ahora y tras las reformas aplicadas en la denominación de los contratos, que también afectan a la medición de ocupados y parados, tampoco son equiparables los propios números de paro registrado por el SEPE (antiguo INEM) desde la última reforma laboral, con los previos a ella; lo que no impide a las autoridades e instituciones públicas relacionadas con el desempleo realizar tales comparaciones que, más que odiosas, son absurdas, incongruentes o irracionales.

Aparte de que nuestro desempleo, en datos absolutos y relativos (tasa de paro), es el mayor de toda la UE, una lectura más atenta de las cifras muestra, entre otras cosas, que comparadas con los datos finales de 2007 o los del primer trimestre de 2008, las personas trabajando (declarados activos) son –más o menos– las mismas dieciséis años después: el número de activos era de 22,5 millones de personas para una población en edad de trabajar de 38 millones y ahora somos 23,5 millones para una población de 40,2 millones en edad de trabajar; y nuestra tasa de actividad es menor (59,35% frente al actual 58,5%). Nuestra tasa de paro apenas ha variado en un año del 13,64% al 13,26% (entre abril de 2022 y marzo de 2023). Y la tasa de actividad entre la población extranjera que, se supone, vienen para mejorar sus condiciones y proyectos de vida, y normalmente a ofrecer su trabajo y capital humano, era del 76,6% en el primer trimestre de 2008 y ahora es del 69,27%, con una tasa de paro en ese grupo de población del 20%.

Durante el mandato de Rajoy las tasas de paro por sexos (masculinas y femeninas), correspondientes tanto al registro del SEPE (antiguo INEM) como a la EPA, llegaron prácticamente a igualarse; hoy la tasa de paro en hombres es del 11,57% y la de mujeres del 15,13%, según EPA y del 39,77% y 60,23%, respectivamente, según el paro registrado de abril. Sin que el éxito o culpa deba achacarse a uno u otro partido (las tasas de paro de ambos sexos pueden estar muy igualadas pero ser muy elevadas, lo que no es un éxito), creo que alguna razón o explicación pueda encontrarse en las consecuencias no queridas de una reforma laboral nada eximia.

Y, aparte del elevado número de trabajadores del sector público (más de tres millones y medio), que han aumentado en 55.700 entre abril de 2022 y marzo de 2023, en términos absolutos han desaparecido desde entonces 43.400 trabajadores por cuenta propia y 51.200 autónomos sin asalariados o trabajadores independientes (al final de 2022 fueron -111.200 y -118.700, respectivamente).

Sigue sin resolverse, no la cuestión, sino el problema que la crea, de cómo es posible que, con una productividad muy floja y en deterioro, y con unas tasas de actividad incesantemente paupérrimas, las horas trabajadas sean menores cuando tanto –dicen– crece el empleo y la ocupación, ¡ah! y también la afiliación. Y la respuesta, de nuevo, nos conduce a una reforma laboral que no parce tan prodigiosa como se nos trata de vender, ya que significa que o se trabaja menos (menos cantidad de horas y contratos encadenados de apenas días u horas aunque ahora se llamen de otra forma) o se trabaja peor, lo que en un mundo con cada vez más y mejor tecnología debiera conducir a más y mejor productividad del trabajo y del resto de factores. Así pues, ¿qué se está pudriendo en nuestra economía que hace que no cuadren los datos? ¿Tal vez se lleva tiempo descuidando todo lo relacionado con el sector productivo –incluida una seguridad, calidad y eficiencia normativa y jurídicas–, en tanto la única ocupación y afán es la captación de votos para perpetuarse en el poder?

 

Fernando Méndez Ibisate
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en dicha Universidad.

 


[1] Las modificaciones y normativas más recientes sobre arrendamientos urbanos son añadidos al Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y suponen restricciones adicionales o suplementarios al mismo.
[2] Además, el relajamiento tendrá serias consecuencias nocivas de futuro para nuestro crecimiento, pues la tendencia de la deuda pública (pasivos totales de las AA.PP.), con un servicio de intereses creciente, y un déficit enquistado a pesar de la mayor recaudación tributaria de los últimos tiempos, junto con una losa tributaria mayor, suponen trabas o lastres para nuestro crecimiento, competencia y eficiencia económicos.

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