Estimados amigos,

Volvemos con nuestro Semanal y estrenamos este nuevo curso con un artículo de Benjamín Santamaría que analiza la crisis de movilidad, con casos y circunstancias concretas a nivel nacional que los políticos ignoran.

Esperamos hayan disfrutado del verano y vuelvan con fuerza y ganas para afrontar este inquietante curso que comienza. En el Centro Diego de Covarrubias seguimos más firmes que nunca en la defensa de nuestros ideales.

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LA CRISIS DE MOVILIDAD EN ESPAÑA ¿UN CAMINO AL DESASTRE?

La política de movilidad en España está tomando un rumbo marcado. Está claro que existe una enorme influencia de aquellas ideas que promueven el abandono del automóvil por motivos medioambientales. El problema viene cuando se da el mismo trato a circunstancias que son completamente diferentes. Hablaremos en este artículo de las grandes medidas en temas de movilidad: restricciones de circulación urbanas a determinados tipos de vehículos, implantación de peajes en autovías (y posiblemente a medio plazo en carreteras nacionales) y el fomento del coche eléctrico.

Aunque suene polémico, Madrid se puede permitir un ‘Madrid central’ en el sentido de que la capital dispone de medios de transporte alternativos y económicos para facilitar la movilidad de sus habitantes. El metro, los autobuses, los VTC… Todos ellos hacen que un madrileño pueda llevar una vida completamente normal sin necesidad de tener un turismo propio. Eso sí, como en todo hay circunstancias específicas que obligan al ciudadano a necesitar disponer de un vehículo. Por ejemplo, muchos trabajan en las afueras o están aquí de paso y la implantación de estas restricciones puede suponerles un grave dolor de cabeza. Aún así, dentro de lo que cabe y por las numerosas alternativas que presenta Madrid, el daño no es tan grave.

No obstante, las políticas actuales van dirigidas a extender este modelo de ‘Madrid central’ a toda España. Esto puede suponer un retroceso enorme en las libertades y derechos más básicos de numerosos ciudadanos. No poder acceder con tu vehículo, por ejemplo, al centro de La Coruña es impedir que las numerosas personas que viven en el área metropolitana puedan acceder a los servicios públicos. Estoy pensando en la subdelegación de Justicia, situada en la zona de la marina, en el Hospital Abente y Lago, en el que se realizan numerosas operaciones especialmente oncológicas, en las disposiciones de la Policía Nacional, en el que se realizan las renovaciones de DNI y pasaporte… Si a la restricción de determinados tipos de vehículos les sumamos la manía de la alcaldesa de la ciudad por retirar carriles de coches y la implantación de peajes en las autovías tenemos como resultado que todo el área metropolitana de La Coruña (bastante envejecida) se queda cada día más aislada.

La implantación de peajes en autovías obliga a aquellos que viven en Oza dos Ríos a tener que pagar por ir a su hospital. Igual que aquellos que viven en el Ayuntamiento de Santiso y que por fin veían como una autovía les conectaba con Santiago de Compostela ahora vuelven a estar ‘alejados’, no tanto físicamente sino por la obligación de tener que pagar un peaje para ir al sitio en el que deben realizar numerosos trámites burocráticos que el propio Estado impone. Los peajes, además, desvían el tráfico por carreteras con una mortalidad mucho mayor poniendo en riesgo la vida de los conductores y sus acompañantes.

Lo mismo sucede en Lanzarote. La isla tiene varios puntos de población importantes: Playa Blanca y Arrecife (así como su contorna). El único transporte público que existe es el bus (guagua para ellos). Siendo Lanzarote una isla no excesivamente grande, estos dos puntos están unidos por un autobús que pasa cada hora y que tarda hora y media en llegar al otro sitio. Un problema enorme que exige que la gente tenga coche. Si uno vive en uno de esos núcleos y va a trabajar al otro, tardará una hora más en transporte público que en su propio vehículo. Restringir el uso de turismos sería, en este caso, un ataque a la clase trabajadora de este lugar.

Lo mismo puede suceder en Tenerife. La isla tiene dos zonas, el norte (donde habitan la mayoría de tinerfeños) y el sur (lugar completamente turístico). Es evidente que en la zona sureña se ofrecen numerosos puestos de trabajo para aquellos que viven en la norteña. Igual que en Lanzarote, el transporte público deja mucho que desear y es necesario disponer de un coche si se quiere ir a trabajar.

En Valladolid, por su parte, el gobierno municipal socialista anterior (siguiendo los pasos de su homónima coruñesa, Inés Rey) dedicó gran parte de su presupuesto a establecer numerosos carriles bici y a restringir el tráfico en el centro. Gran problema para los que vengan de fuera, porque para poder desplazarse en bus deben conseguir una tarjeta específica que solo se vende en puntos concretos de la ciudad. No sé cómo estará ahora la situación, pero en el tiempo postpandemia este transporte público no permitía el pago en efectivo. Es decir, el impedimento del acceso de los coches propios no sólo no ha venido acompañado de una mejora de las alternativas sino que cada vez se ha ido a peor en este sentido.

Hemos hablado de varios sitios de España en los que se necesita un vehículo para desplazarse. Ahora, ¿es el vehículo eléctrico una alternativa? Sabiendo que los más afectados son aquellos con rentas más bajas, como hemos estado explicando, este tipo de coches no podrán servir como alternativa mientras su precio no sea ‘popular’. De igual forma, es evidente que en la actualidad no existen puntos de recarga para satisfacer la enorme demanda resultante de un cambio de características gigantescas como pretenden nuestros legisladores, a saber, que todos y cada uno de los coches de combustión se cambien por eléctricos.

Además, este tipo de turismos son útiles solamente para distancias medianamente cortas. En un país en el que existe la costumbre de recorrer el territorio por carretera para ir a la playa o visitar otros lugares, no es factible la eliminación total de aquellos que funcionan mediante gasolina y diésel (tal y como pretenden las autoridades europeas). Lo lógico sería que cada familia pudiera disponer de un vehículo de cada: uno eléctrico para las cuestiones rutinarias y otro para los desplazamientos largos. Esto, que sería lo deseable, no va a ser posible por la pronta prohibición de la venta de los turismos convencionales.

Por tanto, las políticas de movilidad de España no están teniendo en cuenta las numerosas circunstancias que existen en todo el territorio, especialmente aquellas que afectan a los más desfavorecidos o a los que viven en zonas rurales y más apartadas. Además, no se están dando alternativas funcionales que permitan a los ciudadanos dejar de utilizar sus vehículos de combustión, tal y como pretenden los que legislan. En definitiva, es necesario revisar lo que se está haciendo y tratar de encaminar la situación para que nadie se quede atrás en esta ‘transición ecológica’.
Benjamín Santamaría
Graduado de Economía por la UNED, imparte charlas y cursos en institutos y organizaciones. Redactor en varios medios. Tiene una columna sobre historia del pensamiento económico en el Instituto Juan de Mariana. Cursa un Master de Pedagogía.

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