De la decadencia económica de Argentina se ha escrito mucho, y no es para menos. Hasta mediados del siglo XX, el país del Cono Sur figuraba entre los más prósperos del mundo, con niveles de PIB per cápita cercanos a los de las grandes potencias de Occidente.

Sin embargo, décadas de legado peronista en materia de política económica han hecho mella en los niveles de bienestar de los argentinos, que hoy se sitúan por debajo de los que alcanzan sus vecinos uruguayos o chilenos.

Para la mayoría de autores liberales que se han aproximado al triste caso argentino, el principal motivo por el que Argentina ha sufrido este declive tan acusado ha sido el monstruo de la inflación. Entre 1944 y 2023, la tasa anual del IPC ha alcanzado un promedio ¡del 189%! Este mismo año, la subida de los precios ha oscilado entre el 98,8% de enero y el 115,6% de junio. Semejante deriva ha contribuido a un empobrecimiento lento y sostenido de los ciudadanos argentinos, con todo lo que ello supone.

De Salamanca a Viena pasando por Chicago, el pensamiento liberal ha enfatizado el papel de la moneda en los episodios inflacionistas. En el caso de Argentina, la política expansiva que ha venido desarrollando el Banco Central ha hecho que el dinero se devalúe de forma continuada. Los sucesivos líderes peronistas han logrado financiar un gasto público muy abultado, consolidando un modelo económico de intervencionismo y clientelismo, pero cargando el coste de monetizar estos desembolsos sobre la espalda del conjunto de los argentinos, que atesoran en sus bolsillos una divisa carente por completo de valor.

En los últimos meses, el auge político del candidato libertario a la presidencia, Javier Milei, ha popularizado la dolarización como una posible salida al círculo vicioso que viene sufriendo el país del Cono Sur desde hace tantas décadas. Su rival más directa, Patricia Bullrich, ha rechazado la conveniencia de introducir la moneda estadounidense, pero ha propuesto un sistema dual bajo el cual circulen dos monedas. El debate económico, pues, se ha avivado enormemente en Argentina y son precisamente los dos candidatos de la derecha política los que han ofrecido al electorado una alternativa monetaria.

Empecemos tomando en cuenta la propuesta de Milei. A primera vista, la sugerencia de abandonar la divisa nacional y asumir la de Estados Unidos ha resultado chocante para algunos observadores. Sin embargo, no estamos ante el primer país que se plantea cambiar su divisa por la principal moneda de reserva a nivel global. De hecho, el dólar ya es la moneda imperante en Panamá, Ecuador o El Salvador, tres economías de la región que se han caracterizado por tener niveles de inflación mucho menores que sus vecinos y mucho más bajos que antes de tomar como propio el dinero emitido por la Reserva Federal. Otro experimento similar lo tenemos en el caso de Montenegro, donde el euro circula desde hace más de veinte años. Por lo tanto, Argentina sería un país más en la lista y no estaríamos, en absoluto, ante un salto al vacío. De hecho, parte importante de las familias y empresas argentinas tienden a confiar en el dólar como forma de proteger sus ahorros y asentar sus transacciones, como bien sabe cualquier conocedor de la economía real del país.

Lo que sugiere Patricia Bullrich puede interpretarse como un paso intermedio hacia la dolarización. La Ley de Gresham sugiere que “el dinero malo desplaza al bueno” y que, dejando circular distintas monedas, las decisiones del sector privado terminan priorizando el empleo de aquella divisa que cumple de forma más satisfactoria las principales funciones del dinero (a saber, su papel como unidad de cuenta, su operatividad como medio de cambio y su capacidad de atesorar y guardar valor a lo largo del tiempo). Sin embargo, aunque esta opción es ciertamente preferible al statu quo, no puede asumirse como un mecanismo superior a la dolarización por el simple hecho de que, en la práctica, es el gobierno el que tiende a arrogarse la capacidad de regular los términos de intercambio entre ambas monedas. Esto puede distorsionar los procesos de competencia entre el dólar y el peso, hasta el punto de condenar el experimento al fracaso.

Vale la pena recordar, en cualquier caso, que el problema de fondo con el que lidia Argentina es la tendencia de su clase política a mantener un gasto público sobredimensionado que solamente se sostiene a base de monetizar la deuda pública con dinero de nueva creación. Al dolarizar la economía, se rompe esa correa transmisora y el gobierno se ve obligado a financiarse con sus propios recursos. Obviamente, no es necesario llegar al extremo de asumir como propio el dólar para poner freno a los excesos de gasto de los gobiernos, pero ¿qué esperanza pueden tener los argentinos de que sus dirigentes están dispuestos a asumir dicho compromiso y actuar de manera rigurosa? La evidencia es clara.

De hecho, en los años 90 se puso en marcha un experimento de indudable interés económico que arrojó frutos mientras se respetaron las reglas del juego, pero se vino abajo en cuanto el gobierno se vio obligado a elegir entre rigor o indisciplina fiscal. Así, el peronista Carlos Menem introdujo en 1991 un tipo de cambio fijo y estable entre la moneda argentina y el dólar y, por esa vía, logró una importante caída de la inflación, que en 1989 había alcanzado el 3000% pero en pocos años se había situado en niveles cercanos a cero. En efecto, el IPC medio del segundo mandato de Menem (1995-1999) fue de apenas un 0,03%, lo que significa que la pseudo-dolarización introducida vía convertibilidad logró el mismo objetivo que ahora se podría hacer permanente tomando como propio el dinero norteamericano.

El tiempo dirá si estas ideas se pueden poner finalmente en práctica. ¿Elegirán los argentinos a Milei? ¿Sabrá el libertario poner en marcha su plan de dolarización? Esos interrogantes se antojan mucho más difíciles de resolver. Sin embargo, quien suscribe estas líneas confía en que, si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, dolarizar la economía argentina permitirá moderar de manera significativa los precios y facilitará el paso a un modelo de crecimiento mucho más estable, siempre que se introduzcan reformas de mercado que puedan favorecer el nuevo contexto. Sobre este último punto, es crucial garantizar la competitividad del sector financiero, desregular los mercados y facilitar el ahorro y la entrada de capital. Obviamente, no tenemos garantías de que todo esto vaya a ocurrir de la mano de una hipotética dolarización. No obstante, si el propósito último de dicha decisión es acabar con la inflación, todo apunta a que Argentina puede obtener resultados satisfactorios en cuestión de dos a cuatro años y, más importante aún, la mejora sería duradera y no transitoria.

Diego Sánchez de la Cruz
Director de Foro Regulación Inteligente, investigador asociado del Instituto de Estudios Económicos, profesor universitario y miembro del Centro Diego de Covarrubias.