EL SEMANAL DEL COVARRUBIAS DEL 21 DE ENERO DE 2025

Leo con preocupación que la Seguridad Social finlandesa pretende no pagar las pensiones por jubilación e invalidez a aquellos de sus beneficiarios que no residan de modo permanente en Finlandia. De paso, les anima a solicitar estas prestaciones a los estados de los territorios en que se han establecido. También, que nuestras autoridades se plantean exigir a los MIR un periodo de cinco años de prestación de servicios exclusivos en la sanidad pública tras la conclusión de su periodo formativo, dado el elevado número de ellos que, bien se van al sector privado o, incluso, al extranjero. Las dos noticias, recientes, y otras que ya venía leyendo de antes, me parece que responden a una misma tendencia por parte de eso que llamamos Estado del Bienestar: la necesidad de fijar poblaciones al territorio, tan propia del feudalismo y que comienza como un proceso gradual durante la Antigüedad Tardía en Roma.

El sistema público de pensiones, mientras no reconozca a los aportantes un derecho de propiedad sobre sus aportaciones y los rendimientos en el tiempo de la mismas, o dicho de otro modo, la posibilidad de la movilización de lo que debiera constituir un patrimonio propio del individuo, no es sino un instrumento de dominación. A ver quién es el guapo que inicia una carrera nueva en otro país a partir de cierta edad y deja atrás todo lo aportado. Sólo individuos, poquísimos, que puedan esperar un gran éxito en su nueva vida. Hasta ahora parecía que los pensionistas quedaban liberados, tras alcanzar el jubileo de la jubilación, de la obligación de residir en los confines de un territorio, pero ya comenzamos a ver que algunos estados comienzan a plantearse que no.

La formación pública gratuita es otro campo en el que se comienza a ver la preocupación de los estados por las “deslealtades” de los individuos. De momento, los médicos residentes. En breve, ¿por qué no?, los graduados en ingenierías o ese acrónimo inglés que es STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), puesto que tienen la funesta manía de emigrar si encuentran más oportunidades fuera.

En ambos casos, el de los jubilados finlandeses y el de los médicos residentes españoles, los estados, con las políticas apuntadas, están defendiendo su supervivencia financiera. En concreto: sus ingresos, por un lado, porque, ¿qué hace un jubilado de Helsinki gastándose su pensión en Marbella? y su inversión en capital humano, por otro, porque, ¿qué hace un médico formado en España prestando servicios en el Reino Unido?. La cuestión es que, ambas actuaciones estatales exigen atentar contra el derecho individual a residir donde les plazca a los individuos, si son aceptados allí donde van.

Los problemas de ahora se fraguaron antes, pero eran previsibles. Primero, una incorrecta definición de los derechos de propiedad (constitución de un capital financiero o de un capital humano), segundo, quién debía sufragar la adquisición de los mismos (los trabajadores o los contribuyentes futuros, los estudiantes y/o sus familias) y, por último, cómo, (contratando libremente la pensión o a cambio de un compromiso previo de servicios posteriores, en el caso de los médicos). Nada de esto se tuvo en cuenta y todo parecía muy barato, pero no lo era. Y ahora alguien tiene que pagarlo. Así que ¡prohibido moverse! sin el permiso de la Autoridad, que terminará siendo militar, por supuesto.

Rubén Manso Olivar
Presidente del Centro Diego de Covarrubias

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