Estimados amigos seguidores,

En el momento de escribir esta comunicación no tenemos conocimiento de que ninguno de vosotros o de vuestros seres queridos haya sufrido ningún percance por el accidente ferroviario de la pasada tarde del 18 de enero. Nos congratulamos por ello.

Sí tenemos conocimiento, sin embargo, de que alguno de vosotros ha experimentado en carne propia los inconvenientes, menores en comparación con los de las víctimas, mortales o no, que dicho accidente provocó: pasajeros atrapados durante horas en otros trenes, retrasos y cancelaciones en otros viajes… Volvemos a congratularnos, también por comparación.

Un accidente como el ocurrido, siendo muy grave, podría ser algo fortuito. No debemos olvidar que el infortunio siempre puede aparecer en nuestras vidas y no siempre tiene un culpable. Sin embargo, esta vez, lamentamos decir que sí parece que lo hay y no podemos dejar de señalarlo, porque decir la verdad en la esfera pública es uno de los favores más grandes que podemos hacer a la comunidad política a la que pertenecemos y lo contrario, callar, es hacer antipolítica.

La red de alta velocidad ha sido para España un orgullo. La segunda más extensa del mundo con más de 4.000 kilómetros. Se pudo discutir en su momento su racionalidad económica y, por eso, apoyamos la liberalización del sector que ha incrementado el número de operadores ferroviarios, con el consiguiente abaratamiento de los pasajes, que ha permitido a cada vez mayores sectores de la población acceder a este servicio.

No obstante, llevamos varios años atendiendo a graves y frecuentes problemas en la infraestructura ferroviaria, que continúa siendo totalmente pública. Muchos amigos, usuarios frecuentes de las líneas de alta velocidad, ingenieros con conocimientos en la materia… venían advirtiendo de que el servicio se estaba deteriorando. Y expertos en Hacienda Pública, y nuestros bolsillos, nos venían indicando del elevado crecimiento de los ingresos fiscales. Estos mismos expertos nos apercibían de que, por contraste, la inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria estaba en mínimos.

Sin embargo, tal vez ni siquiera estos números sean relevantes para explicar el deterioro al que asistimos, y que se ha concretado en el desastre del pasado día 18. Especialmente si pensamos en algunos de los últimos ministros encargados de la red ferroviaria: los señores Ábalos y Puente, cuyas aficiones respectivas, públicas y conocidas, no parecen las más adecuadas para estar centrados en los cometidos que el presidente Sánchez les encargó.

No, no podemos callar. Hay culpables y no parece que estén entre las compañías, públicas o privadas, que prestan servicios a los viajeros, sino en el operador de la infraestructura, totalmente público, dependiente del poder político y con criterios muy particulares a la hora de seleccionar su personal.

Rubén Manso Olivar
Presidente del Centro Diego de Covarrubias