EL SEMANAL DEL COVARRUBIAS DEL 19 DE MAYO DE 2026

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es uno de los corpus doctrinales más ricos del pensamiento católico. Desde la Rerum Novarum de León XIII en 1891, los romanos pontífices han ido construyendo un cuerpo de reflexión moral sobre la vida en sociedad que hoy supera los 130 años de historia.

La tesis que defiendo aquí es sencilla pero tiene consecuencias importantes: la DSI contiene en realidad dos realidades muy distintas, entremezcladas como si fueran una sola, y confundirlas lleva inevitablemente al error: tanto al que la defiende a ciegas como al que la rechaza en bloque.La parte perenne: doctrina moral aplicada a lo social

La primera realidad es la doctrina moral multisecular de la Iglesia aplicada a la vida en sociedad. No robarás. No mentirás. No codiciarás los bienes ajenos. La condena del fraude, del engaño y de la envidia. La dignidad inviolable de la persona humana. La caridad y el mandamiento del amor al prójimo.

Esta parte no tiene fecha de caducidad. Es, en el sentido más estricto, perenne. Y es valiosa precisamente porque no depende de ninguna teoría económica ni de ninguna coyuntura política: habla de lo que el ser humano es y de cómo debe tratarse a sí mismo y a los demás.

La parte contingente: economía política de los pontífices

La segunda realidad es otra cosa. Entremezcladas con la doctrina moral multisecular, las encíclicas sociales contienen abundantes afirmaciones sobre economía y política económica: sobre salarios justos, sobre la organización de los mercados, sobre el papel del Estado en la provisión de bienes, sobre la distribución de la riqueza.

Esta parte no es doctrina moral perenne. Es análisis económico, y como tal debe ser evaluada. Debe analizarse con los mismos criterios con que evaluaríamos cualquier otro análisis económico: ¿es correcto? ¿está bien fundamentado? ¿conduce a las consecuencias que pretende? La respuesta, con demasiada frecuencia, es que no.

Una contradicción que lo ilustra todo

El ejemplo más elocuente está en la propia definición del bien común, que la DSI ofrece en dos versiones incompatibles.

La primera, recogida en el Catecismo (n. 1906), define el bien común como «el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección». Esta definición es profundamente respetuosa con la libertad y dignidad de la persona: el bien común no es un fin colectivo impuesto desde arriba, sino el conjunto de condiciones que permiten a cada persona y comunidad perseguir libremente su propio fin. Es perfectamente compatible con el principio de subsidiariedad.

La segunda, recogida en el Compendio de Doctrina Social (n. 166), identifica el bien común con la garantía estatal de una lista de servicios específicos: alimentación, habitación, trabajo, educación, acceso a la cultura, transporte y salud.

Estas dos definiciones no se complementan: se contradicen. La primera es compatible con múltiples modelos de organización social; la segunda aboga por un Estado providente. El lector que tome la primera como guía y el que tome la segunda llegarán a conclusiones radicalmente distintas, y ambos podrán invocar la DSI con plena legitimidad.

Esta no es una contradicción menor. Es una fractura que recorre todo el edificio.

Seis deficiencias del análisis económico en la DSI

1. La trampa de la suma cero. La DSI opera con frecuencia bajo el supuesto implícito de que la riqueza es fija: que enriquecerse implica empobrecer a otro, que lo que uno gana otro lo pierde. Esta visión, que los economistas llaman «suma cero», ignora el mecanismo fundamental del mercado: la creación de valor mediante el intercambio voluntario. Cuando dos partes llegan a un acuerdo, ambas salen beneficiadas —de lo contrario, no habrían llegado a él. Ignorar esto lleva a ver el comercio como un juego de depredadores, no como una red de cooperación.
2. Soluciones técnicas encubiertas. La DSI afirma explícitamente que no ofrece soluciones técnicas de política económica, sino principios morales de orientación. Pero basta leer sus textos con atención para comprobar que esa distinción no se sostiene en la práctica. Las recomendaciones sobre salarios mínimos, intervención estatal en sectores estratégicos o garantías universales de servicios son, precisamente, soluciones técnicas de política económica. El que vengan acompañadas de fundamento moral no cambia su naturaleza.
3. El mercado como transacciones voluntarias. La DSI tiende a ver el mercado como un espacio de conflicto y desigualdad, no como un mecanismo de coordinación entre millones de personas que, actuando cada una según sus propias circunstancias y conocimientos, generan orden y prosperidad sin que nadie lo dirija. El mercado no es un campo de batalla entre depredadores: es la forma más poderosa de cooperación humana que existe.
4. El Estado sin pecado original. Aquí reside la inconsistencia más difícil de justificar desde una perspectiva cristiana. Cuando la DSI habla de los agentes del mercado —empresarios, consumidores, trabajadores— asume que son seres tentados por el egoísmo y la codicia, sometidos a pasiones que distorsionan sus decisiones. Pero cuando la misma DSI habla del Estado, la antropología cambia misteriosamente: los políticos parecen inmunes a esos mismos vicios, capaces de conocer el bien común y perseguirlo con desinterés. La teoría de la Elección Pública —desarrollada por James Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986— demuestra empíricamente que los agentes políticos están sujetos exactamente a los mismos incentivos que cualquier otro ser humano: buscan su propio beneficio, su reelección, su influencia. Ignorar esto no es solo un error económico; es un error teológico.
5. Los límites del poder político, olvidados. La tradición cristiana posee una doctrina robusta sobre los límites al poder político, desde la distinción agustiniana entre la Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre hasta la doctrina tomista de la ley injusta, pasando por la escolástica española del siglo XVI. Los teólogos de Salamanca —Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias— elaboraron sofisticadas teorías sobre los derechos naturales, los límites de la autoridad y la legitimidad del mercado. La DSI, paradójicamente, tiende a ignorar esta riquísima tradición propia cuando se trata de poner frenos al Estado.
6. La confusión entre capitalismo de amiguetes (que prefiero llamar capitalismo corrupto) y libre mercado. Hay veces en que la crítica de la DSI al «capitalismo» golpea un blanco equivocado. El objeto real de su condena —empresarios que obtienen privilegios mediante conexiones políticas, mercados amañados en beneficio de los poderosos, corrupción institucionalizada— no es el libre mercado sino precisamente su negación. El capitalismo corrupto (crony capitalism) es un sistema en el que el poder político distribuye ventajas a los bien relacionados; el libre mercado es aquel en que ningún agente puede obtener beneficios a no ser sirviendo mejor que otros a sus clientes. Confundirlos no es un matiz: es atacar la solución confundiéndola con el problema.

Por qué ocurre esto

Las raíces de estas deficiencias son comprensibles, aunque no por ello dejan de ser deficiencias.

La economía es, con frecuencia, una disciplina contraintuitiva. Sus mecanismos fundamentales —la formación espontánea de precios, la coordinación descentralizada de millones de decisiones, la creación de valor mediante el intercambio— van en contra de lo que el sentido común sugiere a primera vista. Esto lleva a que, a diferencia de lo que ocurre con la física nuclear o la cirugía cardíaca, casi todo el mundo se sienta competente para opinar sobre economía sin haber estudiado sus principios básicos. Los pontífices y sus asesores no son una excepción.

A esto se suma que la ignorancia económica tiende a retroalimentarse: quien no sabe que no sabe difícilmente buscará aprender. Y que la simpatía moral hacia los pobres —que es genuina y admirable— lleva fácilmente a adoptar sin análisis crítico cualquier propuesta que se presente como favorable a los más débiles, sin preguntarse si realmente lo es.

Quien comprende bien la economía puede hablar con más autoridad moral sobre la pobreza, no con menos. Quien confunde el libre mercado con la codicia, y el Estado con la providencia, acaba defendiendo políticas que dañan a quienes quiere proteger.

Miguel Ángel Sanz
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo, MBA por INSEAD y graduado en Teología por la Universidad de Deusto. Actualmente es Partner en Madavi. Es profesor en la Universidad de Navarra, en la Universidad de las Hespérides y en La Judge Business School de la Universidad de Cambridge.

Notas

La charla completa (18 minutos) de Miguel Ángel Sanz sobre este tema, en el XV Aniversario del Centro Diego de Covarrubias, se puede ver y escuchar en este enlace:

https://youtu.be/ZIStMqhMpNU

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