Por Vicente González

Primero ocuparon edificios abandonados…como yo no tenía ninguno….
Luego ocuparon pisos de bancos…como yo no era un banco….
Luego ocuparon segundas residencias…como yo no tenía segunda residencia….
Cuando ocuparon mi casa… ya era demasiado tarde.

La situación actual de desprotección del derecho de propiedad en España llega a tales extremos que quiero empezar el presente artículo con el testimonio de un cerrajero que se dedica exclusivamente a desahucios y okupaciones (cambios de cerradura ante la policía):

“Hoy en día se okupa todo, naves industriales, todo tipo de viviendas, viviendas de particulares que están o no en venta o alquiler, trasteros… hay muchas mafias y delincuentes de barrio que se dedican a okupar y re-alquilar estas viviendas.
El camino de la demanda judicial para conseguir el lanzamiento, requiere mucho tiempo. Lo que al okupa le supone 24 horas, al propietario le supone tres años de calvario judicial…. Y tras esos tres años, puede volver a ser víctima de otra okupación al día siguiente.”

Hay que desmontar la idea de que la okupacion tiene su origen en la falta de vivienda a precios accesibles. Esa imagen de una madre con tres niños que okupa por no vivir bajo un puente es totalmente falsa y en todo caso excepcional, y de existir deberá ser atendida por los poderes públicos. La realidad de la ocupación es otra bien distinta, es el resultado de la impunidad ante la ley, que permite hacer de la ocupación un negocio…. Un negocio para caraduras que quieren vivir gratis y un negocio para las mafias que “realquilan” o “venden” esos pisos ocupados, o extorsionan a los propietarios para abandonar la vivienda, es decir, un chantaje en toda regla.
La tipificación del delito de usurpación cambió con la reforma del Código Penal de 2015. Dicha reforma ha tenido resultados catastróficos. La usurpación pasó de ser una falta a constituir un delito leve. Por ello, los procedimientos penales han dejado de tener fase de instrucción y las víctimas no pueden solicitar el desalojo como medida cautelar hasta que se dicte sentencia. Además, la prescripción del delito pasó de cinco años a uno.
El cambio legal ha incrementado la impunidad de las mafias y la indefensión de las víctimas. Ha tenido un efecto incentivador del fenómeno, que crece por toda España como una bola de nieve, y que es preciso detener cuanto antes. Esto tiene como consecuencia que ya no sólo se ocupan viviendas vacías de los bancos, sino también viviendas de particulares. Mientras que el número de desahucios desciende, el número de ocupaciones no hace más que aumentar a ritmo vertiginoso.
Una vez que el okupa ha cambiado la cerradura, la vivienda pasa a constituir “su” domicilio, y como el domicilio es inviolable….el legítimo propietario estaría cometiendo un allanamiento de morada si accede a su propia casa y podría acabar en la cárcel… En efecto, el domicilio debe ser inviolable, pero cuando éste se ha obtenido por medios legales, no mediante la comisión de un delito.
Es preciso cambiar la ley de forma urgente. Es necesario que, a falta de un título de propiedad o contrato de alquiler, la policía pueda desalojar a los ocupas de forma inmediata. Y luego, una vez producido el desalojo, que los ocupas acudan al juzgado si es que tienen algo que denunciar. No puede ser que ocupar y cambiar la cerradura genere derechos a los delincuentes. No puede ser que los procedimientos de desalojo tarden tres años, porque eso equivale a la impunidad del delito. Es evidente la absoluta desprotección del legítimo propietario, es evidente el fallo del Estado en garantizar la seguridad física y jurídica de los ciudadanos, es evidente la necesidad de un cambio legal inmediato.
“El elemento principal del valor de toda propiedad es el conocimiento de que su disfrute pacífico será defendido públicamente”, Calvin Coolidge. Presidente de los Estados Unidos de América]]>