El Centro Diego de Covarrubias, ante las amenazas que se ciernen sobre los derechos y libertades fundamentales a consecuencia de la evolución de la pandemia y de las medidas adoptadas por distintos gobiernos, que parecen comenzar a plantearse en España, efectúa la siguiente declaración institucional:

La restricción de derechos de la población para obligarla directa o indirectamente a inocularse periódicamente ciertos medicamentos supone un asalto injustificado a las libertades individuales básicas que debe garantizar todo régimen democrático. 

Ante todo, es preciso difundir información clara y detallada respecto a la pandemia, los medicamentos aprobados para combatirla, su seguridad y su eficacia. Para ello es indispensable garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión en las redes sociales, así como asegurar un auténtico debate científico sobre el origen, impacto y tratamiento de la enfermedad denominada COVID19. Es asimismo indispensable la transparencia en la información de las autoridades sanitarias. Es opinión compartida por una amplia capa de la población que hasta la fecha no ha sido así, y ello es precisamente lo que mueve a muchos a evitar inocularse dichas sustancias. En relación con ello, reivindicamos el derecho a ser informados adecuadamente antes de consentir cualquier tratamiento.

Del mismo modo, consideramos que es preciso valorar los riesgos y beneficios del tratamiento para cada paciente concreto de modo individual. No parece razonable ni justificado exigir un mismo tratamiento para toda la población, bajo amenaza de restricción de derechos en caso de negarse, sin considerar edad, comorbilidades y demás circunstancias.

En particular, respecto a la inoculación de menores de edad, grupo en el que la enfermedad es prácticamente inexistente y, por el contrario, ciertos efectos secundarios parecen desproporcionadamente elevados, consideramos fundamental el respetar el derecho de decisión de los padres, sin que sea tolerable campaña ni presión alguna. Igualmente consideramos preciso tomar en consideración la solidez de la inmunidad natural resultado de haber pasado la enfermedad, según la abundante evidencia científica disponible.

Proclamamos la necesidad de defender las libertades individuales como bien moral superior. Las restricciones de derechos, además de la pérdida de libertades en sí misma, conllevan ruina económica y disfunción del sistema sanitario, provocando por tanto sus propios daños, incluyendo muertes. Las autoridades deben orocurar que las medidas adoptadas no sean peores que la propia pandemia. 

Por todo ello, cualquier restricción de derechos y libertades debe cumplir los siguientes requisitos: (i) debe venir justificada por una causa de fuerza mayor claramente evidenciada, es decir, un colapso hospitalario grave y probado; nunca en “casos” o simples contagios, en gran parte “asintomáticos”; (ii) debe durar el tiempo estrictamente necesario para superar dicho colapso hospitalario; (iii) debe consistir en medidas que demostrada o razonablemente quepa suponer eficaces para superar dicho colapso; y (iv) deben ser proporcionadas a dicho objetivo.

Dadas las actuales circunstancias en España y en su sistema sanitario (elevada tasa de inoculación, baja ocupación hospitalaria, información disponible sobre eficacia y seguridad de medicamentos), el pasaporte sanitario no está justificado.