LOS BENEFICIOS NO CAEN DEL CIELO

La opinión contraria es uno de los argumentos, si acaso el principal, que de manera simple y burda se esgrimen para justificar la política tributaria perversa de gravar de forma específica y extraordinaria las ganancias o rentas obtenidas por las empresas o corporaciones de gran tamaño, fundamentalmente a raíz de la inflación.

En realidad, y como gusta a ese alarde de sentimentalismo ñoño pero impostado del que hacen ademán nuestro gobierno y los partidos que lo sustentan –y que pretenden transmitir a toda la sociedad–, “el espíritu” o “la intención” de tal política sería la extensión universal y permanente de dicho gravamen a todas las rentas del capital, pues está en su ADN ideológico, incluidos los beneficios que logran no ya los pequeños y medianos empresarios sino incluso los autónomos, más allá de un salario que, como buenos déspotas, se encargarían los mandatarios de estipular. De momento, y mientras cuenten los votos, eso no se materializará pues son estas estructuras pequeñas las que componen, en inmensa mayoría, nuestro tejido empresarial y no conviene exasperarlas.

Conjeturo que la alegoría de los beneficios caídos del cielo pretende rememorar el cuidado que el Creador puso con el pueblo elegido cuando, en su liberación de la esclavitud egipcia y en dirección a la tierra prometida, los alimentaba cada nuevo día con el maná, este sí, caído del cielo. Pasaje bíblico, permítaseme la digresión, que no deja de tener ciertas contradicciones, en cuanto a la facilidad, casi gratuidad, de la obtención del sustento humano, con otros varios relacionados con su logro mediante el trabajo, esfuerzo o “sudor” o aquellos otros en los que se aprecia y valora no sólo el trabajo mismo, sino el trabajo honrado, bien hecho, de forma eficaz y digna. Pero, entiendo, se trata de diferentes relatos o testimonios y esta de la liberación y diáspora hasta la Tierra Prometida tiene que ver más con la propia historia y vida de cada uno. Sea como fuere, este esmero y consideración del relato bíblico resulta ser lo opuesto a lo que pretende e inspira a nuestra clase política con esta nueva carga impositiva, por más que insistan en su preocupación por los desasistidos. Tanto porque, parafraseando a Adam Smith, “no se trata de nuestro cuidado, sino de su propio interés”, como porque tampoco son medios o recursos “caídos del cielo”.

Como toda sustracción forzada de ganancias o rentas, el impuesto a las grandes corporaciones, cuya denominación es artificiosa por cuanto no incluye a todas, ni a todos los sectores (sólo energía y sector financiero-bancario), también se enmascara con mantos de benevolencia, filantropía, justicia, paternalismo e igualitarismo. Pero supone la faz más indecente y abyecta de la imposición, establecida para financiar determinadas actividades del Estado y no para castigar a nadie, por ser un impuesto arbitrario y desigual respecto del hecho o de las personas, físicas o jurídicas, sobre las que recae el tributo, lo que es manifestación de tiranía o despotismo por parte de quien lo impone: ni recae sobre una actividad global o general; ni sobre todos los ingresos producidos de una determinada manera; ni sobre todas las personas que obtienen esos ingresos. Y muestra el aspecto menos digno de la imposición, mediante confiscación o apropiación indebida, plasmada en impuestos innecesarios –salvo por crecientes gastos espurios– en un momento en que la recaudación aumenta, y mucho, debido a la creación de nuevos impuestos, las subidas de otros ya implementados y la ejecución del impuesto inflacionario, también arbitrario aunque muy igualitario, ejecutado por las autoridades sin aprobación alguna y mediante engaño.

Es falso que sea un impuesto que recaiga sobre los ricos. Primero, porque la consideración de ricos o pobres siempre es relativa: un ingreso determinado, pongamos de 60.000 euros brutos anuales –que es lo que estipuló Cristóbal Montoro como límite para tal consideración– no supone una vida igualmente cómoda o desahogada en lugares diferentes de un mismo país. Pero, además, porque como bien sabemos desde largo tiempo (lo puso de manifiesto mediante gráficos Alfred Marshall), las cargas impositivas se trasladan, en la medida posible y normalmente a través de los precios, a terceros; bien sean proveedores, bien sean consumidores o usuarios del producto, mercancía o servicio. Y esto es lo que harán, cuidando de sus negocios, las empresas energéticas afectadas (que, insisto, no son todas) y los bancos e instituciones financieras.

Tampoco es cierto que se trate de una medida justa o igualitaria o que contribuya a mayores cuotas de igualdad o justicia económica. Por el contrario, es una forma de tratar de forma desigual, sospechosa, ilegítima o ilícita determinados ingresos, ganancias o rentas, rompiendo con un principio altamente liberal, democrático e igualitario como es el de que las personas tienen derecho a ganarse su vida (y a la búsqueda de su propia felicidad) como mejor y oportunamente consideren, siempre que tales rentas, ingresos o ganancias no se obtengan mediante engaño, fuerza, actos delictivos o fórmulas criminales. Por lo que, en sí mismas, las rentas o ganancias extraídas de la labor empresarial son tan legítimas como las extraídas de la actividad del trabajo, o de cualquier otra actividad en tanto que lícita, como por ejemplo las de un rentista o un pensionado o pensionista.

No entender que todos somos empresarios y capitalistas, a la par que trabajadores, y que obtenemos rentas de nuestro capital, sea físico o humano (conocimientos, formación, aprendizaje, experiencia, aptitudes, actitud, cultura, valores, etc.), al que también le buscamos y exigimos rendimientos propios –con mayor o menor acierto y éxito–, como cualquier empresario y capitalista, es mantener una percepción miope y retrógrada, además de errónea, de las relaciones sociales y económicas de las personas en ámbitos de mercado.

En definitiva, todos somos –a la par– trabajadores y empresarios capitalistas; y todos queremos ser ricos, no pobres. También Pedro, Pablo o Irene aspiran a ser ricos, cual sea su concepción de tal, aunque les estén diciendo siempre a ustedes lo asquerosos que son los ricos. Pero, en el mercado, entendido como marco de acuerdos y contratos libres y sin engaño que respeta la propiedad privada, y sólo en el mercado (no en su alternativa que es el poder, el sometimiento, la trapacería), los ricos, o quienes prosperan, lo son porque ofrecen mercancías o servicios que los demás desean o quieren adquirir. Y cuanto más benefician a la sociedad más son sus ganancias o resultados: el rico lo es porque beneficia a la sociedad antes, no después, de ser rico. Y la benefician gracias a cualidades o habilidades que no están por igual en todos, o no todos están dispuestos al esfuerzo que requiere su puesta en marcha, como ingenio, imaginación, cálculo (búsqueda) continuo, elaboración y proyección de expectativas, asunción de riesgos, etc.

Pobre economía y aún más penosa sociedad aquella que castiga a quienes con su trabajo, esfuerzo o ingenio salen adelante y destacan, mientras exime y protege a quienes delinquen o han delinquido.

Fernando Méndez Ibisate
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de dicha Universidad.

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LA CARTA de Jose Ramón Ferrandis en su Blog:
La Carta de los martes del 13 de Diciembre de 2022.

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«PENSANDO EL VOZ ALTA» DE AVIZOR: EL SUICIDIO ASISTIDO DE LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA EN LOS TENTÁCULOS DEL TOTALITARISMO 

La izquierda política democrática española hace ya dos décadas que perdió el norte democrático, no sabe donde tiene la mano derecha y de mano izquierda ya ni hablamos. Esa degeneración ideológica la ha conducido a cebar sus legislaturas de gobierno con una «legalorrea» liberticida y retrógrada, poniendo en jaque al Estado de Derecho, exactamente lo contrario de lo que su electorado sociológico le demanda.

Ante la debilidad electoral provocada por esa creciente deriva autoritaria y reaccionaria, no es de extrañar que esa izquierda política busque apoyo en toda clase de ideologías totalitarias, tanto de izquierdas como de derechas, lo que acaba convirtiendo la Moncloa de los gobiernos de izquierdas en la casa de los horrores políticos.

Con esos mimbres, mezcla de despotismo y delirio, la izquierda política pretende presentarse a las elecciones de mayo como la defensora de los valores democráticos y progresistas que, tan denodadamente, se esfuerza en conculcar. Ante tamaña impostura, no hace falta ser adivino para intuir la debacle electoral que se cierne sobre una izquierda política que ha perdido el norte, no sabe donde tiene la mano derecha y pregona, sin inmutarse, que es democrática, al mismo tiempo que embiste, en todos los frentes, contra la ya muy debilitada democracia.

El suicidio electoral anunciado de la izquierda, sólo es explicable si el objetivo final de los protagonistas de ese suicidio asistido es el de alcanzar un poder político despótico, precisamente a través de esa desactivación de las reglas del sistema democrático. Esa ilegítima vulneración de las reglas de juego democráticas, consagradas por la Constitución, busca habilitar el camino para el proceso de asalto y toma de control de las instituciones, un sometimiento que pueda culminar con la instauración, de facto, de un régimen autoritario, con algún disfraz democrático, que les garantice su perpetuación en el poder político.

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