NO TAN BIEN COMO NOS CUENTAN

Hablo de economía, que es de lo que menos ignoro, si bien resulta difícil o complejo centrarse en la economía cuando todo alrededor parece desmoronarse.

Y aunque no vean un derrumbe espantoso o palpable no creo ser catastrofista, pues los hundimientos de los sistemas de convivencia, sean para bien o para mal como es el caso, no se producen de repente, ni a bocajarro o sin resistencias. Pero resulta evidente que la economía, lo económico, no es lo primordial en “la acción” de este Gobierno que nos hemos dado, sino más bien un elemento meramente instrumental en su objetivo principal: el cambio del sistema democrático construido por la sociedad española durante la Transición, y plasmado en la Constitución de 1978, por una revolución marxista, por tanto tiránica. Pero como hacen ahora las revoluciones en las sociedades acomodadas quienes exhiben maneras de dictadores: asaltando los palacios de invierno mediante el uso torcido de la propia democracia que se transmuta en un sistema con enormes dosis de arbitrariedad y poder irrestricto, arropado, eso sí, de sufragios, por descontado sin garantía alguna.

Siguiendo un plan gramsciano, las armas y municiones empleadas inicialmente para “convencer al pueblo” y llevar a cabo tal “revolución” (luego, si es menester, se usarán las de verdad, como han hecho y hacen las milicias motorizadas bolivarianas) son el retorcimiento del lenguaje y de la historia (trocándolos por el “metalenguaje” y el “relato”); la utilización de todos los medios de comunicación posibles (incluidas, por supuesto, las redes sociales); la penetración e influencia ideológica en todos los niveles de la enseñanza y educación; la movilización (o exclusión, silenciamiento o reeducación cuando se oponen) de expertos, intelectuales, científicos, académicos y doctos, incluyendo como tales a cualquiera que abrace la doctrina impuesta; la señalación o exclusión social de toda persona o grupo que ponga en entredicho o siquiera matice cualquiera de los principios de la doctrina, credo o ideología impuesta por los “buenos” (desde luego así se consideran y presentan). Y posteriormente, o al mismo tiempo, la ocupación, toma, apropiación o aniquilación de grupos, empresas, instituciones (también públicas), organizaciones o sociedades que se opongan de cualquier forma a la doctrina o credo impuestos. Es el final de la libertad de pensamiento y de expresión, que ya conocemos. El final de la libertad misma.

Desde luego no estamos –todavía– ahí, no. Pero, ¿a que algunas cosas de las referidas nos suenan, por desgracia, como próximas? Quien ha dado el paso definitivo ha sido el PSOE, rompiendo con el espíritu de la Transición, huyendo del consenso establecido en la misma y rechazando pactar con el principal partido de la oposición cualquier reforma constitucional o, lo que realmente pretende el Gobierno en pleno, incluidos sus apoyos parlamentarios, el inicio de un proceso constituyente que revoque todo lo construido desde 1976 para instalar a la sociedad española bajo otra dictadura, ahora marxista. Se trata de un proceso de “largocaballerización”, si se me permite el término, del PSOE que ya se ha completado, si bien no es irreversible. Y que, todavía, encuentra resistencias que frenan algunos impulsos y movimientos dentro del plan establecido y expuesto.

Nuestra economía y la información que nos llega de ella no son ajenas a tal situación. Obviamente afecta e influye a sus datos y evolución, que en otro marco institucional y de riesgos podría haber sido mucho mejor; si bien es resultado de lo que hemos votado los españoles, no sé si engañados o no. Pero los propios datos que nos llegan de las variables económicas también han sufrido y sufren ese torcimiento, manipulación o maquillaje de la realidad y del “relato” que se nos hace de ella.

Así, la inflación, que se nos vende como un gran logro por figurar como la más baja de Europa, oculta los efectos escalón (hemos tenido en meses pasados tasas interanuales de las más altas de Europa y si ahora, en un mes, no crece tanto el IPC la cifra aparece como una gran moderación); los efectos acumulativos de la misma (no es lo mismo que los precios suban al 5% interanual cuando previamente han crecido al 10%, evolución más lógica y probable, que cuando lo han hecho al 6-7%); y, por último, ocultan las manipulaciones –es decir la intervención– de precios que está realizando nuestro Gobierno por doquier; además, se controlan precios de productos con altas ponderaciones en la elaboración del IPC, como son los de la energía o algunos alimentos, reflejándose en la inflación subyacente, que excluye estos componentes más volátiles y que hace que este indicador siga subiendo y empeore, superando incluso al índice general.

Otro tanto cabe señalar del mercado laboral. No sólo oculta (siempre lo hizo pero ahora se ha multiplicado por cuatro) parados que no quedan recogidos en el registro de los servicios públicos de empleo, sino que algunos cambios operados –legislativamente y en los datos– impiden a los profesionales del ramo tener una serie homogénea para su análisis y estudio: de nuevo el falseamiento de la realidad y de la historia. Esta acción ideológica no es moral ni un modelo a seguir, salvo que todo lo cimentemos en la mentira. Se mire como se mire, nuestro paro muestra tasas impresentables desde hace décadas, tanto en términos absolutos como comparativos o relativos. Y se ha engrosado el problema del desempleo juvenil o de primera entrada en el mercado laboral.

Y así también sucede con el crecimiento de nuestro PIB. Presentado también como un gran logro (variación interanual del 4,4% en el tercer trimestre, aunque Europa nos da el 3,8%), se oculta que dicha tasa interanual está cayendo desde niveles del 6-7% y por encima; se tergiversa un crecimiento que tapa que somos el único país de la eurozona que todavía no ha alcanzado los niveles de crecimiento previos a la pandemia de 2019-20; que hemos perdido varias posiciones en Europa en cuanto a PIB per cápita (nos situamos en el puesto 23); que en términos de PIB per cápita (medido en Paridad de Poder Adquisitivo) nos han sobrepasado países como Islandia (les recuerdo que su sistema financiero colapsó entero en 2008 y no fue rescatado), Malta, Chipre, Eslovenia, República Checa, Lituania y Estonia[1]; que nuestra tasa de productividad es muy pobre comparada con los principales países de la UE y, lo que es peor, que su índice es de los que más ha caído desde 2013; o que las tasas de variación de la inversión en lo que va de legislatura han sido especialmente bajas, sobre todo si descontamos el componente de vivienda y construcción.

Esta es nuestra realidad, incluso aunque se presuma de que no hemos entrado en recesión y que ésta no tenga visos de aparecer en 2023, cosa que ya se verá. Pues la economía mundial y, especialmente por lo que nos afecta, la economía europea está contrayendo su crecimiento, se desacelera, y todo indica que algunos países van a presentar problemas o procesos de recesión. Y la economía española, por fortuna, no está aislada. Las incertidumbres –y los riesgos– al respecto, les digan lo que les digan, son enormes, abundantes y no tienen visos de minorar. Más bien lo contrario.

Fernando Méndez Ibisate
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en dicha Universidad.

[1] https://es.theglobaleconomy.com/rankings/gdp_per_capita_ppp/Europe/

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«PENSANDO EL VOZ ALTA» DE AVIZOR: DEMOCRACIA
Y DERECHO A DECIDIR 

Los profesionales de la secesión deberán acabar aceptando que, en democracia, el derecho a decidir sobre lo que afecta al todo, pertenece siempre a todos y nunca a una parte de ese todo. La soberanía del todo que es España la ostentan todos los españoles y no una parte de ellos, principio básico para que todos los españoles puedan compartir un territorio común de convivencia en libertad e igualdad, la Nación española, espacio comunitario que es amparado por las instituciones del Estado de Derecho. De no reconocerse y garantizarse esa soberanía compartida, caso de un Estado fallido, cualquier cacique local o clan de caciques regionales podrían recurrir a un espurio derecho a decidir como palanca para alcanzar la secesión de su feudo y proceder a la instauración de un régimen despótico caciquil.

En una democracia, que se define como el sistema de gobierno que representa la soberanía de todos los ciudadanos, no puede darse ninguna clase de exclusión por razones territoriales, étnicas, culturales o lingüísticas. Muy al contrario, en una democracia, todas las particularidades citadas integran un patrimonio común. Por esos motivos, cualquier consulta pública sobre una secesión territorial, restringida a ese territorio secesionista, es radicalmente antidemocrática y vulnera el Artículo 1.2 de la Constitución Española: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

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