LA GRAN MENTIRA ECONÓMICA DE PEDRO SÁNCHEZ, AL DESNUDO.

Desde hace algunos meses el gobierno de Pedro Sánchez ha redoblado sus esfuerzos propagandísticos, con la pretensión de trasladar un mensaje de optimismo en torno a la situación de la economía española.

La alianza entre el socialismo y el comunismo sabe que se acercan las elecciones autonómicas y municipales y necesita contrarrestar el pesimismo generalizado que exhiben los ciudadanos cuando se les pregunta por una cuestión muy relevante a la hora de ir a votar.

En su último sondeo, la prestigiosa firma demoscópica Sociométrica muestra que el porcentaje de personas que creen que la economía empeorará en 2023 ronda el 55%, porcentaje al que habría que sumar a cerca de un 20% de españoles que, si bien no anticipan un deterioro adicional, tampoco confían en que se produzca mejora alguna durante el ejercicio en curso. Los barómetros elaborados por GAD3 o Sigma Dos alumbran conclusiones similares. De hecho, hasta el Centro de Investigaciones Sociológicas, convertido desde hace años en el laboratorio de manipulación de la izquierda, señala que los dos principales problemas de nuestro país son de índole económico.

¿Qué nos dicen los datos? ¿Acaso está justificado el optimismo que intenta insuflar La Moncloa? Veamos.

De entrada, hablamos de crecimiento económico. España registró la mayor caída del PIB de toda la UE en 2020, a raíz de una contracción del 10,8%. que prácticamente duplica el descenso del 6,4% observado en la economía comunitaria. Pese al rebote de la actividad en 2021 y 2022, nuestros niveles de producción están un 2% por debajo de las cifras que se alcanzaban antes de la pandemia. Por el contrario, la economía de la UE se sitúa un 2% por encima de las cotas que se daban en 2019. Esto significa que el ‘sanchismo’ ha reducido el tamaño de nuestro PIB en cuatro puntos, dos por el descenso de actividad derivado de su gestión y otros dos por la falta de crecimiento que inducen sus políticas. En total, una caída de 56.000 millones de euros en nuestros niveles de actividad. A este paso, no lograremos normalizar el PIB de 2019 hasta finales de 2023 o incluso 2024.

Otra variable en la que debemos fijarnos es el comportamiento del endeudamiento público. Los últimos datos cerrados para el conjunto de la UE son del segundo trimestre de 2022 y, cuando los comparamos con las cifras de final de 2019, podemos ver que España ha aumentado sus pasivos estatales en 18 puntos del PIB, muy por encima de los 9 puntos de aumento que se observan en la UE. En algunas economías comunitarias, el aumento ha sido más cercano a los 5 puntos, caso de Portugal, mientras que Grecia prácticamente no ha experimentado cambios en este indicador y Suecia, Dinamarca, Noruega o Irlanda han reducido su carga de endeudamiento.

Nuestro país también ha experimentado la mayor caída de la renta de los hogares de toda la UE. Si comparamos el desempeño de los ingresos familiares para enero-septiembre y tomamos como referencia 2019 y 2022, vemos que este epígrafe ha descendido en un 7%. Por el contrario, la caída es del 2,5% en Italia, del 1,8% en Finlandia, del 0,3% en Portugal o del 0,2% en Alemania, mientras que Francia exhibe una mejora del 1,2% y Países Bajos presenta un repunte del 4,7%. Por lo tanto, el promedio observado en las economías de nuestro entorno arroja un 0,2%, es decir, un estancamiento de la renta de los hogares, lo cual evidentemente es decepcionante, pero resulta mucho menos preocupante que el desplome del 7% que registra España.

La inflación tampoco exhibe un desempeño favorable, puesto que el Índice de Precios de Consumo arroja un aumento acumulado del 12% entre 2019 y 2022. En el caso de los alimentos, el encarecimiento es cercano al 20%. Incluso si aislamos los componentes más volátiles del IPC, como la energía, encontramos que la inflación subyacente ronda el 7% y alcanza los registros más altos desde comienzos de la década de 1980. En 2023 no habrá tregua y se espera que el aumento adicional de los precios ronde el 4-5%.

Y tampoco hay buenas noticias en el plano laboral. Si nos ceñimos a los datos oficiales de paro, el pasado mes de diciembre fue el peor cierre de año desde 2012. El gobierno se defiende asegurando que, si comparamos las cifras del cuarto trimestre de 2019 con los números actuales, la ocupación ha crecido en unos 580.000 efectivos. Sin embargo, lo que no dice el Ejecutivo es que el 44% de dicho aumento se explicaría por un fortísimo aumento de la contratación pública. Además, si despojamos los datos oficiales de “maquillaje estadístico”, llegamos a la desoladora conclusión de que el gobierno ha escondido a 441.000 parados efectivos a base de diversas argucias contables, como por ejemplo dar por bueno que los contratos fijos discontinuos están activados todo el año y no solamente algunos días o meses. No solo eso: hay menos horas trabajadas (el acumulado semanal es inferior en 6.000 al último dato previo a la pandemia) y la calidad del empleo se resiente (crece el empleo a tiempo parcial).

Estos son los datos reales y esta es la situación que verdaderamente enfrenta nuestra economía. Si los “brotes verdes” de los que nos habla Pedro Sánchez fuesen reales, las encuestas de opinión reflejarían un estado de euforia sobre el rumbo de la producción. No obstante, el hecho de que los estudios demoscópicos constaten la prevalencia de un sombrío pesimismo entre buena parte de los españoles avala el hecho de que, más allá del relato oficial, las cosas no van bien.

Diego S. de la Cruz

Profesor universitario e investigador del Instituto de Estudios Económicos, participa de forma regular como analista económico en prensa, radio y televisión. Director del Foro Regulación Inteligente.

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«PENSANDO EL VOZ ALTA» DE AVIZOR:  ABORTO Y LIBERTADES

La libertad de acción, la capacidad de decidir voluntariamente la ejecución de un acto sin impedimentos externos, la comparten el ser humano y los seres irracionales. La libertad de acción deviene en libertad negativa cuando se ejerce al dictado de una voluntad externa. El determinismo niega la existencia de esa libertad, negación que constituye el núcleo del ideario intervencionista y liberticida del totalitarismo, en el que sustituye la voluntad individual por la hipertrofia normativa colectivista. La libertad de acción restringida es la que propugna la antropología materialista, una cosmovisión que ha impuesto en la sociedad occidental la hegemonía del nihilismo y la abolición de la ética de la responsabilidad. La libertad de elección, exclusiva del ser humano, es la capacidad de tomar decisiones autónomas sustentadas en la información, el discernimiento y la responsabilidad moral. El reconocimiento de la libertad de elección es la clave de bóveda de la concepción antropológica humanista de raíces cristianas, en la que el ser humano está ontológicamente dotado de dignidad, derechos inalienables y responsabilidad moral. La libertad de elección se ejerce en el imperio de La Ley Natural, de los Derechos Humanos, y de las libertades tanto individuales como colectivas y se sustenta en el marco de la ética pública y privada.

Ambas cosmovisiones, que constituyen concepciones opuestas del ser humano y de sus derechos y libertades, se evidencian con sus posiciones antagónicas respecto del aborto como interrupción voluntaria del embarazo. Siendo el embarazo la gestación de un embrión humano en el útero materno y dentro de los supuestos o plazos que legalicen la interrupción voluntaria de esa gestación, la decisión irreparable de privar a un ser humano, en estado embrionario, de su derecho a vivir, exige que la libertad de elección necesaria para ejercer esa voluntariedad esté debidamente respaldada por la información, el asesoramiento, el discernimiento y la responsabilidad moral. La trascendental decisión de mantener o suprimir una vida humana exige que esa elección esté sustentada en un procedimiento capaz de asegurar la aplicación de esas garantías de forma integral y fehaciente. Bajo la tutela médica, los servicios de salud y los servicios sociales deben disponer y aplicar protocolos que ofrezcan toda la información, el asesoramiento y los programas de apoyo a la maternidad que permitan el que la mujer gestante pueda ejercer su libertad de elección, con la responsabilidad personal y social que conlleva, garantizando su derecho a la maternidad, tal como se recoge en la “Ley 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Sensu contrario, la cosmovisión materialista intenta limitar la interrupción voluntaria del embarazo a un mero acto quirúrgico desprovisto de todas las condiciones necesarias para que la mujer embarazada pueda ejercer con pleno conocimiento su libertad de elección, posicionamiento que comporta la multiplicación del número de abortos, 90.189 abortos en 2021 en España y la generalización de su uso como método anticonceptivo, terrible lacra que una sociedad civilizada tiene la obligación moral de erradicar.

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