El SEMANAL DEL COVARRUBIAS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023

Miguel Ángel Martínez Rolland, socio del Centro Covarrubias, se estrena en nuestro Semanal con un primer y gran artículo de una trilogía sobre los Instrumentos contra la libertad. Hoy en concreto hablamos de la Censura. 

Os adelantamos que para el día 23 de noviembre estamos preparando algo especial para celebrar nuestro clásico Día de la Libertad
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INSTRUMENTOS CONTRA LA LIBERTAD: LA CENSURA

La libertad de expresión es la madre del resto de las libertades. En todas las constituciones liberales, la libertad de expresión, junto a la libertad de religión, están en el centro. Juan de Mariana en el siglo XV-XVI o John Stuart Mill en el siglo XIX afirmaron que, sin la libertad de discusión, es decir, de expresión, es imposible alcanzar la verdad. Juan de Mariana tuvo una intensa relación con esta cuestión puesto que sufrió repetidamente la censura en varias de sus obras (en particular la magistral De la Educación del Rey) e, incluso, paradójicamente, tuvo que ejercer, con gran desagrado, de censor en algún momento.

La libre expresión moviliza las mejores ideas, permite que salgan a la luz. Y el contraste de ideas permite mejorar y corregir los errores. Las sociedades que permiten el debate y la crítica abiertos y libres cuentan con una gran ventaja para innovar y mejorar todos los ámbitos de conocimiento y de gobierno y administración. El extraordinario progreso técnico en Occidente ha sido posible por unos fundamentos morales que han permitido el atrevimiento en la discusión (disputatio) y, con él, la innovación. Debemos reivindicar que esta tradición proviene no sólo de los griegos clásicos, notoriamente discutidores, sino que tiene una fuente de máxima importancia en la Iglesia católica occidental, en particular de las Universidades que fundó desde el siglo XI.

Hoy la libertad de expresión parece darse por sentada, pero está sometida, como en todas las épocas, a fuerte oposición. Siempre encuentra una dura resistencia a muchos niveles. La principal dificultad a la que se enfrenta la libertad de expresión es que viene asociada al problema de la crítica, explícita o implícita. La crítica explícita a las opiniones o decisiones de las personas las pone a la defensiva, mientras que el planteamiento de tesis u opiniones, aunque sea en principio acrítico y no se dirija contra personas concretas, siempre lleva implícita la crítica a aquellos planteamientos con los que entra en contradicción.

Y cuanto mayores sean los problemas que percibamos, tanto más nos veremos impulsados a manifestar una opinión o una crítica. No obstante, esto solo se producirá si no hay coacción, si no tenemos miedo a represalias. Por eso la coacción y la censura tienen un impacto tan profundo. Ocultar la crítica es la mayoría de las veces ocultar la verdad, como les ha ocurrido desde tiempo inmemorial a los miembros de una corte, y como ilustra el famoso ‘síndrome de la Moncloa’, bajo el que los presidentes de gobierno al cabo de un tiempo solamente reciben buenas noticias y elogios, puesto que su entorno autocensura las críticas. Nadie quiere ser el primero en llevar noticias negativas o críticas que con seguridad molestarán a la superioridad. Ocurre no sólo en el gobierno, sino también en la empresa y en el arte.

La libertad de expresión es incómoda para el poder. La crítica es incómoda por naturaleza, y en muchos casos recibe represalias -porque la crítica desmoraliza o incluso puede ser la causa de la pérdida del poder. La tentación eterna del poder es silenciar a los críticos. Pocos son los gobernantes sabios que respetan y asumen el sacrificio de escuchar las voces críticas si pueden evitarlo. Las costumbres y las instituciones favorables a la libertad son los principales diques que impiden que los poderosos silencien la crítica. Monarcas como los Austrias mantenían la tradición de respetar a los bufones y a los enanos y mantenerlos en la corte, puesto que eran los únicos que se atrevían a expresar verdades incómodas o manifestar críticas, en contraste con los prudentes cortesanos.

La tentación de la censura es tanto más grande cuanto menos justificadas sean las medidas tomadas por un gobierno y cuanto más profundas sean sus consecuencias. En situación de guerra los gobiernos recurren a la censura para que no ‘decaiga la moral’, llegando a considerar todo tipo de crítica a las decisiones militares como traición. La existencia y el riesgo de la propaganda enemiga para desmoralizar a la nación, que puede existir y ser poderosa, es tomada como argumento para atrincherar a los responsables políticos, con el efecto negativo de aislarles de la realidad.

En situaciones de emergencia la tentación de la censura es también extremadamente elevada. Es un elemento ‘disciplinador’ que se utiliza con la excusa de prevenir el desorden. Pero existen más causas: si se revela que una actuación en una emergencia ha sido errónea y ha provocado grandes daños, las consecuencias para los políticos o funcionarios que tomaron las decisiones, o para aquellos periodistas o líderes de opinión que las defendieron, pueden ser muy severas. Por ello suelen actuar con mayor dureza para proteger su poder o reputación. Así, uno de los principales objetivos de los grupos de poder es la historia, censurando las perspectivas que pueden perjudicar la legitimidad de su poder y prestigio.

En la actualidad, las técnicas de censura se han sofisticado. La censura se ha camuflado y se ha aprovechado de la extrema concentración de los motores de búsqueda y de las redes sociales. El poder que ostentan en particular Google como buscador de información casi monopólico, o Wikipedia como enciclopedia de referencia popular, no son inocentes ni independientes de los gobiernos, y han desarrollado mecanismos de censura muy amplios y profundos. Las agencias de seguridad y de emergencias, en particular en los Estados Unidos, son muy conscientes de su importancia, y han ejercido fuertes presiones para que empresas y fundaciones privadas practiquen una intensa censura.

Las revelaciones contenidas en los ‘expedientes de Twitter (‘Twitter files’) en el año 2023 son perturbadoras respecto a la extensión e impunidad del régimen de censura paraestatal en materias como las medidas sanitarias y los productos farmacológicos, la energía y el cambio climático, la política internacional -en particular lo relativo a Ucrania y Rusia-, o todo lo que pueda entrar bajo el difuso y sesgado paraguas del ‘discurso de odio’. Las agencias estatales y asesores de los gobiernos en EEUU y en el Reino Unido se reunieron periódicamente con las empresas tecnológicas dominantes para señalar contenidos a censurar, e incluso individuos. Los resultados fueron cierres de cuentas, censura de mensajes y reducción programada de la difusión de los contenidos señalados (shadow banning). Es la cara actual de la censura en el espacio público, que es principalmente digital.

Paradójicamente, las empresas privadas propietarias de las redes o buscadores consideran que la decisión sobre los contenidos que publican o difunden es parte de su libertad de expresión, cuando su condición de meras plataformas técnicas de difusión les impediría cualquier clase de selección que atentara contra los principios de igualdad que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Por ese motivo, realmente no serían libres de seleccionar contenidos afectados por esa DUDH. Pero ahora, estarían protegidas de las demandas a las que están expuestos los periódicos, que sí producen información y opinión, puesto que no se hacen responsables de los contenidos (por la llamada ‘sección 230’, una normativa estadounidense).

El resultado de esta posición ambigua de privilegio ha sido la externalización de la censura pública. Los gobiernos y partidos que la ejercen (amenazando a las empresas con abolir la ‘sección 230’ y abrir un abismo de demandas) quedan exentos de culpa y utilizan a agentes privados para ejercer una censura muy amplia sobre ámbitos de opinión donde el debate no sólo es legítimo, sino necesario.

En este contexto es urgente plantear la limitación explícita de estas formas modernas de censura gubernamental o administrativa. En la Unión Europea vamos en la dirección opuesta, con la Ley de Servicios Digitales cuyo principal objetivo de fondo es luchar contra la ‘desinformación’, y que puede ejercer un efecto abrumador sobre la libertad de expresión, cuando sería necesario poner límites a este tipo de actuación estatal. La Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a ‘moderación de contenidos’ (es decir, censurar) todo aquello que pueda ‘poner en riesgo la salud física o mental’, un paraguas tan amplio que puede abarcar toda crítica u oposición a las agencias oficiales. La sola utilización del término ‘desinformación’ por una agencia oficial implica la definición de una ‘verdad’ por una agencia oficial, es decir, de una ‘verdad oficial’.

Por otro lado, hay algunas reacciones institucionales para restaurar la libertad de expresión. Varios jueces en Estados Unidos han ordenado a la Administración Biden que cese toda forma de presión que conduzca a la censura digital, incluyendo las reuniones periódicas con empresas para ‘moderación de contenidos’, es decir, las peticiones de censura por parte de las autoridades. Pero puede ser insuficiente para romper el hábito y el sesgo introducido en estas empresas. Al menos como ciudadanos, podemos comenzar por utilizar aquellos buscadores y redes libres que aún existen.

Miguel Ángel Martinez Rolland
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es Técnico Comercial y Economista del Estado. Su trayectoria se ha centrado en la economía internacional dentro del Tesoro y la Dirección General de Financiación Internacional en el Ministerio de Economía. Ha sido profesor de economía financiera.