EL SEMANAL DEL COVARRUBIAS DEL 07 DE JULIO DE 2026

Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos han ocupado recientemente titulares por sus sentencias.

Se suele atribuir a los liberales una defensa incondicional de los empresarios, lo que llevaría a tener que defender actitudes empresariales como las de Víctor de Aldama. Sin embargo, el liberalismo no defiende a las empresas por ser empresas, defiende el mercado, reflejado en un marco de libertad, propiedad, contrato y competencia donde prosperen aquellos que tengan algo valioso que ofrecer a los demás. Y eso implica que muchas empresas, cuando buscan sustituir la decisión del consumidor por el favor del político, actúen como enemigas directas del mercado. Parafraseando la famosa película de Sergio Leone, podemos distinguir tres tipos de empresario, o tres formas de actuar empresarialmente: el bueno, el feo y el malo.

El empresario bueno es aquel cuya actuación permite la libertad y que, además, resulta moralmente defendible porque gana dinero sirviendo bienes o servicios que un amplio porcentaje de la sociedad considera valiosos. Puede ser ambicioso, competitivo, calculador y obsesivo con los costes. La cuestión relevante no es si nos cae bien, sino si consigue sus beneficios gracias a la elección voluntaria de los demás. Ese empresario no ocupa un puesto por afinidad política, sino por las decisiones de los clientes, de la competencia, de la reputación y de la posibilidad constante de perderlo todo si otro descubre antes que él una forma mejor de hacer las cosas. Kodak fue durante décadas un gigante de la fotografía, pero eso, en un entorno de libre mercado, no le garantizó su puesto cuando el mundo cambió y la fotografía digital alteró las preferencias de los consumidores.

El empresario feo es aquel cuya actuación permite la libertad, porque no hay fraude, agresión ni coacción directa, pero que aun así puede resultarnos moralmente discutible según nuestros valores personales. Este tipo de empresarios gestionan negocios que una sociedad libre no tendría por qué prohibir y que, sin embargo, nadie está obligado a celebrar. Puede ocurrir con quien hace negocio en torno a la prostitución voluntaria entre adultos, siempre que no exista trata, amenaza ni explotación coactiva; con quien comercia con drogas en un marco de responsabilidad individual, aunque a muchos nos parezca una actividad destructiva; con quien intermedia en la venta voluntaria de órganos, no en su extracción forzada ni en redes criminales, sino en acuerdos libres entre adultos sobre el propio cuerpo; o con quien comercia con copias, imitaciones o usos de ideas que hoy quedarían bloqueados por la propiedad intelectual, pero que desde una concepción liberal no necesariamente deberían tratarse como agresiones contra la propiedad material de otro. En todos esos casos, la incomodidad moral puede ser enorme, pero la cuestión no es si algo nos gusta, sino si existe una víctima en sentido jurídico, si alguien ha sido estafado, agredido, amenazado o privado de su propiedad. La libertad no garantiza que todos los negocios de una sociedad sean buenos o admirables. De hecho, garantiza precisamente lo contrario: que también existan negocios que a muchos nos parezcan desagradables. La diferencia es que, en una sociedad libre, no corresponde al Estado prohibir todo aquello que nos incomoda, sino a los consumidores decidir qué negocios premian, cuáles ignoran y cuáles castigan retirándoles su dinero.

Por último tenemos al empresario malo, que es aquel cuya actuación no permite la libertad, porque ya no se limita a competir en el mercado, sino que utiliza el poder político para impedir que otros compitan. Este tipo de empresario exige licencias restrictivas cuando aparece un rival, vive directamente de las subvenciones (como el sector del cine español), y defiende la libertad económica hasta que una empresa extranjera, una tecnología nueva o un pequeño competidor amenaza su posición.

Dentro del marco de empresarios malos, también podemos incluir muchas grandes empresas que incentivan y tratan de hacer preservar un sistema fiscal y burocrático que no han creado ellas solas, pero que sí les favorece frente a sus competidores pequeños. Una gran empresa puede tener dentro de su estructura departamentos jurídicos y personal dedicado exclusivamente a cumplir con la selva normativa. Para ella, muchos de esos costes son asumibles dentro de un presupuesto enorme. En cambio, el autónomo o la pequeña empresa tienen que subcontratar buena parte de esos servicios, pagar precios inflados por todos los impuestos y costes burocráticos que soporta también quien se los presta. Estos costes para las grandes empresas son una línea menor en una hoja de Excel y para las pequeñas pueden ser la diferencia entre sobrevivir o cerrar.

Al margen de la selva normativa, incluso los impuestos pueden beneficiar a las grandes empresas, de ahí que en muchas ocasiones veamos a sus líderes defendiéndolos. Las carreteras son pagadas por todos los ciudadanos, entre los que se incluyen las grandes empresas y las pequeñas empresas. Una gran empresa logística, comercial o industrial puede aprovechar una red de transporte financiada por todos para llegar a más mercados, distribuir más barato y expandirse con mayor facilidad. Pero esa misma red también la paga el pequeño empresario que compite contra ella, aunque este tenga menos capacidad para sacar el mismo rendimiento de esa infraestructura. El pequeño contribuye a financiar un sistema que, en la práctica, puede reforzar la posición competitiva del grande.

Evidentemente, la existencia de impuestos y de un exceso normativo gigante no convierte a toda gran empresa en culpable de esta situación. Una empresa no deja de ser legítima porque aproveche carreteras, tribunales, infraestructuras o reglas que ya están ahí, igual que un ciudadano no se convierte en socialista por caminar por una acera pública. Sin embargo, los empresarios malos son aquellos que, dados los incentivos que tienen para mantener el sistema, tratan de preservarlo a toda costa.

Aldama no representa al empresario bueno, ni siquiera al feo, y venderlo así, sería una injusticia para miles de autónomos, comerciantes y pequeños empresarios que se levantan cada mañana a competir sin conocer a ningún ministro. Aldama representa la deformación que los defensores de la libertad debemos denunciar: el empresario que deja de mirar al consumidor y empieza a mirar al cargo público, basando su actividad en que una Administración adjudique, autorice o favorezca su negocio particular. Ahora bien, dentro de esa deformación todavía cabe distinguir grados. Ya es malo el empresario que se aprovecha legalmente del Estado mediante licencias restrictivas, subvenciones, concesiones, rescates o barreras regulatorias diseñadas para blindar su posición frente a la competencia. Pero cuando, además, esa relación con el poder cruza la frontera de la legalidad y se convierte en cohecho, comisiones, favores personales o adjudicaciones corruptas, deja de ser simplemente el empresario malo y pasa a ser el empresario malísimo. (Si bien su posterior colaboración con la Justicia y supuesto arrepentimiento permiten rebajarlo, al menos en el juicio moral, de nuevo a la categoría de malo). Tan perversas son esas prácticas que incluso un marco legal que permite infinidad de privilegios empresariales decide castigarlas cuando resultan demasiado descaradas, no solo contra quien las compra o las aprovecha, sino también contra los políticos que las conceden.

Al final, las ideas liberales no se defienden por el beneficio que suponen a unos u otros, las ideas de la libertad se defienden porque son las moralmente correctas. El empresario bueno merece defensa cuando arriesga lo suyo y depende del consumidor. El empresario feo merece cierta crítica social cuando impulsa negocios valorados negativamente por la mayoría de consumidores. El empresario malo merece oposición frontal cuando cambia el cliente por el político, la innovación por el privilegio y la competencia por el decreto. Por eso, la libertad merece una defensa radical de los mercados abiertos frente a todos sus enemigos, incluidos los empresarios.

Nicolás Sánchez Cominero

Estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de las Hespérides. Coordinador local de Students For Liberty, colaborador con otras organizaciones y autor para varios medios de divulgación liberal.
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