TRABAJADORES: EL BUENO, EL FEO Y EL MALO – NICOLÁS SÁNCHEZ COMINERO, SEPTIEMBRE DE 2026
EL SEMANAL DEL COVARRUBIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cada semana, algún sector profesional inicia una huelga en algún punto de España. Hace poco en pleno verano fue el personal de asistencia del aeropuerto de Barcelona. ¿Eso los convierte en malos trabajadores? Existe una costumbre bastante extendida de elegir a los buenos y los malos por categorías profesionales. Para una parte de la izquierda, el trabajador es bueno por definición porque pertenece a la clase explotada. Para cierta derecha, ocurre lo contrario, pues el trabajador ejemplar es aquel que obedece, agradece tener empleo y nunca cuestiona las condiciones ofrecidas por su empresa. Ambas visiones juzgan a las personas por el lugar que ocupan en una nómina y no por los medios que utilizan para relacionarse con los demás.
Desde una perspectiva liberal, el empresario no es bueno por ser empresario ni el trabajador es bueno por ser trabajador. La verdadera diferencia no separa al trabajador del empresario, sino a quienes intentan mejorar su situación mediante vínculos voluntarios de quienes recurren a la política y la coacción. Por tanto, lo relevante no es qué reclama un trabajador, sino qué medios utiliza para conseguirlo. Bajo este criterio podemos reinterpretar mi artículo sobre los tipos de empresarios para encontrar a los tipos de trabajadores: el buenísimo, el bueno, el feo y el malo.
El trabajador buenísimo es el que no se limita a participar pacíficamente en el mercado, sino que amplía el espacio de libertad existente frente al control del Estado. Su ideario fue formulado por Samuel Edward Konkin III en su propuesta agorista. Forman parte de este grupo aquellos trabajadores que traten de aumentar progresivamente su independencia o aquellos que desarrollen parte de su actividad en la contraeconomía.
La contraeconomía es un método pacífico de acción directa que consiste en realizar de manera voluntaria actividades económicas, sociales o culturales que el Estado restringe o no regula. Por ejemplo, prestar servicios que el Estado no permite, trabajar o cobrar de manera informal y eludir pacíficamente regulaciones que obstaculizan intercambios legítimos. Konkin afirmaba que ni las empresas, ni los empresarios ni los trabajadores necesitan permanecer completamente dentro del llamado mercado legal. Incluso una empresa formal puede mantener una parte visible para satisfacer al Estado y desarrollar el resto de su actividad mediante actuaciones fuera de sus libros oficiales.
Esto no significa que cualquier actividad clandestina sea moralmente correcta. El agorismo no legitima la violencia, el robo ni el fraude. La contraeconomía defendida por Konkin está formada por intercambios pacíficos que el Estado dificulta, no por agresiones ocultas bajo la etiqueta de mercado negro. De hecho, muchos de los negocios pequeños o autónomos, reconocidos legalmente, realizan actividades que el Estado no permite, como el cobro de efectivo no declarado. Aplicado a los trabajadores, ocurre cuando cobra una parte de su salario fuera de nómina, realiza trabajos ocasionales sin declararlos o presta un servicio sin contar con la autorización administrativa exigida. Ese tipo de actividades son las que convierten a trabajadores como partícipes de la contraeconomía, y por ende, trabajadores buenísimos desde el punto de vista agorista.
El trabajador bueno no practica necesariamente la contraeconomía. Es, sencillamente, quien ofrece su tiempo, su esfuerzo o sus conocimientos a cambio de una remuneración acordada voluntariamente. No tiene por qué ser dócil, ya que puede exigir un salario mayor, reclamar mejores horarios, negarse a realizar funciones no pactadas, buscar ofertas en otras empresas o marcharse cuando considere que recibe un trato insuficiente. La libertad contractual no obliga al trabajador a aceptar agradecido cualquier condición que se le presente. Le permite aceptarla, rechazarla o intentar modificarla. Su relación con el empresario es de intercambio. Uno ofrece capital, organización y anticipación salarial; el otro aporta tiempo, conocimientos y trabajo. Ambos aceptan el contrato porque, dadas sus alternativas, consideran que obtienen algo más valioso que aquello a lo que renuncian.
El trabajador feo también es compatible con la libertad, aunque sus decisiones puedan resultarnos egoístas, desagradables o socialmente perjudiciales. Puede criticar públicamente a su empleador, organizar una campaña reputacional contra él, sabotear servicios pidiendo a los consumidores que no compren determinados productos o convencer a otros compañeros para que abandonen la empresa. Estas actuaciones pueden ser oportunistas o desleales desde el punto de vista moral, pero mientras no incumplan un contrato, no estarán violando la vida, la libertad o la propiedad de nadie. Precisamente esa distancia entre lo moralmente reprochable y lo legítimo desde el punto de vista de la libertad es lo que, en este análisis, los convierte en trabajadores feos.
La existencia de esta categoría es importante porque el liberalismo no pretende garantizar relaciones laborales perfectas. Simplemente establece un marco en el que personas con intereses y temperamentos diferentes pueden relacionarse sin recurrir a la violencia. Frente a sus actos, el trabajador feo puede recibir una respuesta igualmente libre. La empresa puede despedirlo, sustituirlo, rechazar sus exigencias o informar sobre su comportamiento. Sus compañeros pueden apartarse de él y los consumidores pueden apoyar sus reclamaciones o castigarlas. La libertad no convierte en admirable todo lo permitido. Permite también ser egoísta, antipático o imprudente y afrontar las consecuencias.
El trabajador malo aparece cuando deja de defender sus intereses mediante el voluntarismo (la oferta, la negociación o la retirada de su colaboración) y comienza a reclamar al poder político privilegios en base a su condición de trabajador. Esos privilegios pueden ser la exigencia de licencias profesionales diseñadas para reducir la competencia, los numerus clausus y las normas que impiden ofrecer determinados servicios si no se solicitan autorizaciones desproporcionadas. Un trabajador puede negarse legítimamente a trabajar por debajo de cierto salario y convencer a otros para que hagan lo mismo. Lo que no puede hacer, desde una perspectiva liberal, es imponer un salario mínimo interprofesional e impedir mediante la ley que otra persona acepte unas condiciones distintas. La aparente protección termina expulsando del mercado precisamente a quienes tienen menos experiencia, formación o capacidad negociadora. Lo mismo sucede cuando el trabajador nacional reclama que el Estado limite la inmigración —entendida como el desplazamiento pacífico y legal de personas, no como la entrada masiva y violenta o la vulneración de derechos de propiedad, como acaba de ocurrir en Ceuta—, prohíba importaciones o encarezca productos extranjeros para proteger su puesto. Esa protección consiste en restringir la libertad de otros trabajadores: el extranjero que desea emigrar pacíficamente, el empleado de otro país que quiere vender su producción con las mismas normas que el nacional, y el consumidor que pretende comprarla.
Todos los trabajadores que abogan por mantener esos privilegios políticos pueden ser considerados malos. Sin embargo, este grupo no termina ahí, pues dentro de los trabajadores malos también hay que incluir al sindicalismo político. La asociación de trabajadores no es incompatible con el liberalismo. Lo que resulta incompatible es convertir una asociación privada en una autoridad con poder para imponer sus decisiones a terceros. La afiliación obligatoria, las cuotas forzosas, la representación monopolística concedida por ley o los convenios extendidos a empresas y trabajadores que nunca los aceptaron dejan de ser acuerdos y pasan a ser mandatos.
En relación a la huelga, un trabajador es propietario de su trabajo y puede dejar de ofrecerlo. Si puede renunciar individualmente, también puede coordinar esa decisión con otros empleados. La retirada colectiva del trabajo es legítima mientras se limite a dejar de trabajar y asumir las consecuencias de hacerlo. Sin embargo, el derecho a dejar de prestar un servicio no concede un derecho sobre el puesto abandonado, sobre las instalaciones de la empresa ni sobre el trabajo de los demás. El empresario conserva la libertad de aceptar las reivindicaciones, rechazarlas, reorganizar la producción o despedirles para contratar sustitutos. Los demás empleados pueden secundar la huelga o continuar trabajando, y una persona ajena puede aceptar el empleo disponible. La huelga deja de ser legítima cuando sus participantes bloquean físicamente el acceso, amenazan a quienes no la secundan, agreden a los trabajadores sustitutos, ocupan propiedades contra la voluntad de sus titulares o sabotean la producción.
Por tanto, sindicatos y huelgas son plenamente compatibles con la libertad bajo unas condiciones sencillas: afiliación voluntaria, financiación voluntaria, ausencia de privilegios legales, respeto a los contratos y libertad de terceros para no participar. El problema no está en la organización colectiva, sino en la utilización de la coacción para imponer sus resultados. Los trabajadores malos suelen formar parte de sindicatos y organizar huelgas en base a privilegios políticos muy alejados de las condiciones de la libertad.
En conclusión, los cuatro tipos de trabajadores pueden desear exactamente lo mismo: ganar más, trabajar menos horas, obtener mayor estabilidad o mejorar sus condiciones. Lo que los diferencia no es necesariamente su finalidad, sino el camino elegido. El trabajador buenísimo crea alternativas y amplía el mercado frente al Estado. El bueno negocia dentro de relaciones voluntarias. El feo presiona hasta el límite de formas desagradables o imprudentes. Los tres son compatibles con la libertad porque reconocen que las demás personas conservan el derecho a responder, rechazar sus demandas o escoger otro camino. Sin embargo, el malo no acepta esa reciprocidad, pues reclama para sí la libertad de decidir, pero pretende negar a otros trabajadores, empresarios y consumidores la posibilidad de hacer lo mismo. Por eso deja de ser compatible con una sociedad libre. La libertad no defiende al empresario frente al trabajador ni al trabajador frente al empresario. La libertad está con el acuerdo voluntario frente a la imposición.
Nicolás Sánchez Cominero
Estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de las Hespérides. Coordinador local de Students For Liberty, colaborador con otras organizaciones y autor para varios medios de divulgación liberal.
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